El Estado de bienestar y el caso de Grecia

Pensiones de jubilación basadas en el ahorro individual

Hace unos años conocí a una pareja de griegos que habían venido a conocer Latinoamérica. Me sorprendió la juventud de ambos: él tenía 58 años y ella 55. Ambos recibían una pensión del Estado con la que no solo podían cubrir sus necesidades básicas, también podían viajar y mantener la casa en la que vivían en la ciudad y la casa de campo a la que solían ir los fines de semana a descansar.

Los griegos se podían jubilar a los 55 años de manera anticipada, y en esta categoría llegaron a ingresar cerca de 600 profesiones. Así, al 2015 el gasto en pensiones representaba el 16% del PBI, mucho más que en cualquier otro país de la OCDE. Y para financiar el pago de las pensiones, Grecia entró en déficit y tuvo que tomar deuda interna y externa. Una situación que desencadenó en la insolvencia financiera y económica del país en el 2008.

Este ejemplo tan cercano es una muestra de que la pensión de jubilación —y con ella, la libertad financiera en la vejez— es el resultado de una política que debe estar basada necesariamente en el ahorro y la capitalización individual, junto con acciones del Estado destinadas a cubrir las necesidades solamente de la población vulnerable.

En el ahorro para la jubilación el principal motor es el empleo bien remunerado, que posibilita que el trabajador cuente con un excedente del que pueda disponer para ahorrar con metas a corto plazo (estudios, auto, departamento) y a largo plazo (para la vejez). Si uno mira las estadísticas del Sistema Privado de Pensiones en Perú, por cada sol ahorrado en 1993, la rentabilidad obtenida en el 2016 es de 13.4 soles. Así la capitalización individual se constituye en la herramienta más útil para incrementar de manera exponencial el valor de un fondo de ahorro para la vejez; e incentiva a sacrificar consumo hoy en aras de una mejor jubilación mañana.

El problema surge cuando se trata de un empleo de baja productividad o de un trabajador que —ganando bien— no encuentra incentivos en el ahorro a largo plazo, porque privilegia el consumo presente. O simplemente de un trabajador que se cree capaz de administrar sus recursos para gozar de ingresos adecuados en la vejez. El primer problema requiere de la implementación de un esquema de incentivos en el que los trabajadores cuenten con el apoyo del Estado para —sol a sol— ir construyendo un fondo de ahorro individual que se capitalice en el tiempo y les permita disfrutar de una jubilación, que es el resultado del esfuerzo individual y del aporte del Estado como premio a ese esfuerzo.

El segundo corresponde a un comportamiento financiero típico, en el que solemos priorizar el corto plazo y nos sentimos confiados respecto al futuro. En esta línea, las estrategias de economía del comportamiento permiten transmitir conocimientos básicos para que el comportamiento de las personas sea mucho más responsable.

Por ejemplo, estoy segura de que todo trabajador afiliado a una AFP haría el esfuerzo de estar al día con sus contribuciones de invalidez y sobrevivencia si tan solo supiera que hacerlo —incluso sobre una Remuneración Mínima Vital (RMV)— significa que está cubierto con el aporte de la empresa de seguros, y que si se invalida o muere, su fondo se incrementa en promedio en cuatro veces. Y la pensión que recibiría él o su grupo familiar se multiplicaría por cuatro.

Cuando uno visita los grandes mercados de la capital o el emporio de Gamarra se da cuenta de que existen millones de peruanos que sí podrían construir un esquema de ahorro autosostenido para la vejez en el que su esfuerzo se vea recompensado a largo plazo. Se trata de construir una sociedad de bienestar para todos los peruanos y de perfeccionar lo que hemos avanzado, trabajando de manera responsable para no repetir errores, como el caso de Grecia, y terminar en situaciones de desgracia, en lugar de en estados de bienestar.

Giovanna Prialé Reyes