Acoso laboral

Estos días está de moda hablar sobre el acoso laboral, también conocido como “hostigamiento laboral”. Se le define, en términos amplios, como aquella conducta física o verbal producida dentro de la relación laboral y que vulnera la dignidad del trabajador. Esta conducta puede ser cometida por el empleador, sus representantes u otros trabajadores.

Si bien el acoso sexual en el trabajo es la manifestación más recurrente de acoso, no es la única. Sin embargo, en este artículo no voy a tocar estos temas de acoso, ya que han sido desarrollados ampliamente por expertos en el tema, seguramente mejor de lo que yo lo haría. Pero sí voy a tratar sobre el acoso laboral al que se ven sometidos los pequeños empresarios en el país por parte del Ministerio de Trabajo, la Sunat, las municipalidades distritales y tantos otros organismos del Estado que, lejos de ayudarnos como pequeños empresarios que somos, nos ven como el enemigo que hay que castigar. 

Todos sabemos, que es casi heroico ser un empresario formal en el país. Perú tiene una tasa histórica de informalidad que bordea el 70%. Con la pandemia, la informalidad se incrementó hasta el 80% ante el cierre de miles de empresas por el desastroso manejo de las regulaciones sanitarias y de la economía durante los gobiernos izquierdistas de Vizcarra y Sagasti. Ante la necesidad de trabajo, cientos de miles de personas se volcaron a la informalidad para generar recursos que les permitan sobrevivir. 

Es en este contexto, cuando el Estado debería apoyar a los micro y pequeños empresarios a trabajar dentro de la formalidad en lugar de ahogarlos con leyes, normas, burocracia y por supuesto multas. Si creen que exagero, les voy a contar mi experiencia.

Como la mayoría de ustedes saben, trabajo en una empresa familiar en el distrito de “El Fracaso”. Puedo afirmar sin miedo a equivocarme que la municipalidad de “El Fracaso” es una de las peor organizadas y por ende, más corruptas del país. 

Hace un año nos tocó renovar el Certificado de Defensa Civil que, como saben, tiene absurdamente una vigencia de solamente dos años. Quienes tienen que pasar por este trámite saben lo engorroso, costoso y tedioso que es. Además de pagar una tasa por el proceso administrativo (aproximadamente S/ 700 en nuestro caso), la norma exige presentar infinidad de planos, certificados y una larga lista de documentos que generan un gasto extra para la empresa.

Luego de presentar estos documentos, se tiene que esperar a que la municipalidad programe la visita de los inspectores de Defensa Civil, quienes luego de la verificación de las condiciones de seguridad de las instalaciones, emitirán dicho certificado. Como es conocido, es imposible que en la primera visita se apruebe la inspección, por lo que se tendrá que solicitar una segunda inspección (pagando nuevamente una tasa) y así levantar las observaciones. 

En medio de este proceso, tuvimos una visita inopinada del área de fiscalización del municipio. A pesar que mostramos nuestro expediente, el cual indicaba claramente que el municipio todavía no programaba la visita de los inspectores de Defensa Civil, fuimos multados por no contar con el Certificado de INDECI vigente. En el colmo de lo absurdo, la municipalidad de “El Fracaso” nos multó por la demora que ellos mismos ocasionan con su corrupta burocracia. ¿Cómo voy a contar con un certificado vigente si ellos mismos demoran meses para emitirlo?

Pero el acoso laboral no solo viene de los gobiernos municipales, sino también del gobierno central. En lugar de simplificar las leyes y buscar que la gran mayoría de empresas y personas trabajen en la formalidad, se hostiga al formal para que cumpla con leyes elaboradas por un burócrata de izquierda que nunca en su vida ha trabajado en el sector privado, y menos ha creado un solo puesto de trabajo. 

Nuestra empresa ha tenido tres inspecciones laborales de parte de Sunafil en los últimos 12 meses, teniendo menos de 20 trabajadores, todos en planilla. No me quiero imaginar el hostigamiento que deben sufrir las empresas que tienen cientos de trabajadores en planilla. 

Además de las inspecciones laborales, hemos tenido dos requerimientos de información por parte de Sunafil, que nos hicieron perder tiempo y dinero en medio de una pandemia que afecta sobre todo a las pequeñas empresas como la nuestra. Cuando le increpé al inspector laboral el motivo por el cual no fiscalizan a los cientos de vendedores ambulantes que trabajan en la puerta de mi empresa, a vista y paciencia de las autoridades, me dio una insólita respuesta: “Ellos no cuentan con RUC para fiscalizarlos”. ¡Plop!

Ni qué decir del sistema de fiscalización tributaria, en el cual la Sunat es juez y parte. Este sistema, altamente subjetivo, está diseñado para ahogar a las pequeñas y medianas empresas con cientos de leyes y regulaciones. El informal, por más grande que sea, no tributa un centavo. En el otro extremo, la gran empresa, cuenta con bufetes de abogados para que los defiendan ante una fiscalización tributaria. En el medio, está la pequeña y mediana empresa, a la que no le queda otra que pagar calladita las multas que le imponga Sunat, por más injustas que sean. La mayoría de las veces es más caro contratar un abogado o auditor para apelarlas, que pagarlas. 

A pesar de tanta burocracia, mediocridad y corrupción en el aparato estatal, los comunistas en el gobierno quieren cambiar la Constitución para que el Estado siga creciendo y, por ende, sigan disminuyendo nuestros derechos y libertades individuales. Bien decía el presidente norteamericano Ronald Reagan: “El Estado no es la solución a nuestros problemas, el Estado es el problema”.