¡Ya empezó la constituyente!

En el momento de mayor debilidad y cuando se suman todo tipo de imputaciones en contra del Ejecutivo, el gobierno de Pedro Castillo acaba de promulgar el Decreto Supremo N. 014. 2022 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que busca colectivizar las relaciones laborales mediante el empoderamiento de los sindicatos y la liberalización casi total del derecho de huelga. La mencionada norma laboral, junto a los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones, se convierten en verdaderas bombas nucleares contra la inversión privada, el crecimiento y el empleo.

El Gobierno entonces no necesitó instalar una asamblea constituyente ni aprobar una ley en el Congreso para producir uno de los cambios más radicales al modelo económico de las últimas tres décadas. ¿Por qué? El intento de crear un mundo de trabajadores sindicalizados apunta con absoluta claridad a la estatización del sector privado, que aporta el 80% de los ingresos fiscales. En ese sentido, el sector empresarial, no obstante ser la principal explicación del proceso de reducción de pobreza del 60% de la población a solo 20% antes de la pandemia, enfrentará una oleada sindical promovida desde el gobierno. Según esta concepción, “el progreso de los trabajadores” no está en la inversión privada, sino en la lucha de clases.

Pero la asamblea constituyente no solo avanza con el mencionado decreto del MTPE. A propósito del condenable secuestro de dos periodistas se difundió la noticia acerca de que la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC) se había registrado en la base de Datos de Pueblos Originarios del Ministerio de Cultura “como representantes de los pueblos indígenas” ante el Estado Peruano. 

Más tarde, los dirigentes de la CUNARC señalaron que representaban a más de dos millones de ciudadanos. Considerando que, en el área rural, existen cerca de seis millones de peruanos, la estrategia comunista a través de la CUNARC es simple: representar a las comunidades campesinas y a todo el agro del Perú. Y, considerando que el registro de las rondas pasa por los prefectos en manos de dirigentes del Movadef, ¿acaso alguien duda de que la estrategia que busca instalar “una república plurinacional con equidad de género” no avanza a velocidad crucero?

El intento de empoderar a los sindicatos en contra de la inversión privada y la intención de convertir a las rondas en representantes del área rural tiene el claro objetivo de aniquilar a la inversión privada: empresas mineras, agroexportadoras, de construcción y servicios. Sin embargo, no solo se busca alentar el conflicto de clases sino también, y sobre todo, construir una representación de minorías radicalizadas, con poder de movilización y acción – a semejanza del radicalismo antiminero– que pueda avanzar en la estatización y colectivización de las empresas privadas.

En ese camino los organismos autogenerados o soviets –o para decirlo con palabras más sencillas, las minorías organizadas– se convierten en actores determinantes de la crisis política. Por todas estas consideraciones, no es ninguna exageración ni ningún alarmismo, sostener que el proceso constituyente ya está instalado en el país.

Luego de un año de Gobierno y, no obstante la desaprobación generalizada y las denuncias que se acumulan en su contra, Pedro Castillo ha avanzado varios años luz en su objetivo general de la constituyente. Allí está la manera dramática como se ha frenado la inversión privada –el principal motor antipobreza– con los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones. Allí está también la destrucción del principio de autoridad democrática y la implosión de casi todos los servicios del Estado. Y ahora el Estado se convierte en la herramienta fundamental para empoderar a las minorías radicalizadas en contra de la inversión privada.

¿Para qué se necesita una constituyente si el Gobierno puede hacer estas cosas enfrente del Congreso y de la mayoría de peruanos?