¿Qué sucedió con la legislación para fiscalizar oenegés?

Uno de los debates interesantes que se produjo en el Perú en los últimos meses fue la discusión sobre la pertinencia de incrementar los controles y fiscalización de los fondos que reciben las oenegés del exterior. Una discusión extremadamente trascendente, porque atraviesa temas centrales sobre qué significa la soberanía popular, la participación ciudadana y conceptos como sociedad civil en plenos tiempos de posmodernidad.

Vala recordar que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un proyecto de ley que ampliaba las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en cuanto al control y fiscalización del financiamiento que reciben las oenegés del exterior. Sin embargo, se desató una ofensiva sin precedentes en la historia de los debates legislativos; no solo del progresismo nacional, sino que también 16 representaciones diplomáticas se pronunciaron solicitando que el Parlamento no legislara sobre el tema.

No obstante, una de las cosas más curiosas e inexplicables es que países como los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá –que estaban entre los firmantes del pronunciamiento que demanda no legislar en el tema– tienen leyes más severas en el control de los fondos de las oenegés, e incluso con penas y sanciones más severas. Unas semanas después, los senados de Argentina y Paraguay aprobaron legislaciones claramente orientadas a incrementar el control y fiscalización de las oenegés.

Una de las cosas más sorprendentes de este debate es que los sectores progresistas –que se oponían abiertamente a más controles sobre las oenegés– siempre plantearon aumentar y sobrerregular todo lo vinculado al financiamiento de los partidos políticos en el Perú. La cosa llegó a niveles tan extremos que el progresismo –a través del Gobierno de Martín Vizcarra– promovió el referendo que destruyó el sistema político y que estableció límites y prohibiciones al financiamiento privado de los partidos. Las empresas y las personas jurídicas estaban impedidas de financiar a los partidos políticos. El resultado: el avance total de las economías ilegales en el financiamiento de los partidos.

¿Cómo se puede entender una lógica tan contrapuesta e inexplicable? Sobrerregular casi en términos soviéticos el financiamiento de los partidos y oponerse a controles mínimos a las oenegés. El objetivo parecía ser incuestionable: destruir a los partidos políticos como los organizadores del poder político en democracia para crear un sistema de gobierno y el desarrollo de políticas públicas sin formar partidos políticos, ni presentar programas ni ganar elecciones.

A pesar de la destrucción de los partidos por las reformas progresistas es evidente que cuando estas organizaciones se someten a las elecciones pasan por uno de los controles más severos de la sociedad: los electores pueden castigar e, incluso, desaparecer a los partidos que se distancian de la ciudadanía. ¿Qué tipo de control tienen las oenegés? Ninguno.

Con argumentos gaseosos sobre la sociedad civil –concepto hegeliano que se ha repetido hasta el infinito a tal punto que significa todo y nada– y acerca de la participación de la sociedad y la ciudadanía en el espacio público se pretende crear organizaciones financiadas desde adentro y desde el exterior, sin controles ni fiscalizaciones, de manera que se conviertan en los centros de generación de las políticas públicas, tal como ha sucedido en el Perú en las últimas tres décadas.

¿Cuáles son esas políticas públicas? Allí está el informe de la Comisión de la Verdad –que emponzoñó la política peruana en las últimas dos décadas–, los relatos y narrativas sobre minería, agroexportaciones y pesca industrial, entre otros, que explican la sobrerregulación y burocratización del Estado y que el país haya perdido una nueva década en crecimiento y reducción de pobreza. Asimismo, vale subrayar que esos relatos explican la crisis perpetua de la política y la guerra política que terminó encumbrando a Castillo en el poder.

Es evidente, pues, que las izquierdas neomarxistas y las corrientes progresistas quieren gobernar el país y controlar el Estado, pero sin formar partidos ni ganar elecciones. Para eso necesitan destruir a los partidos políticos que ganan y pierden comicios y crear un sistema de influencia y gobierno de las oenegés.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe volver a discutir este tema tan trascendente.