Sector de empresariado y sindicatos mercantilistas plantean sustitución de importaciones

El congresista José Jerí de Somos Perú ha propuesto el proyecto de ley 5892, “Nueva Ley de Industrias”, que pretende crear un modelo económico que establezca exoneraciones tributarias –incluidos impuestos a la renta y el IGV– en determinados sectores y también de manera territorial a través de las regiones. Igualmente, propone que el Estado garantice los créditos que se otorguen por el sector privado a las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, plantea un trato especial a las empresas que consuman productos nacionales en vez de extranjeros. En otras palabras, el proyecto de ley 5892, al igual que todos los proyectos de Perú Libre y las bancadas comunistas, hace trizas el régimen económico de la Constitución Política del Perú.

El proyecto de Jerí ya no habla de expropiaciones ni nacionalizaciones a través de una constituyente, sino propone un camino gradualista para llegar a organizar un Estado que “dirige la industrialización”, eligiendo determinados sectores a través de exoneraciones, créditos subsidiados, aranceles especiales y, en el mediano plazo, con controles y regulaciones y mercados. ¿Por qué no regresarían los tipos de cambios promocionales? El camino planteado es el de la tragedia económica de Argentina, que ha hundido a más del 40% de la población en pobreza, no obstante que Argentina podría ser uno de los países más ricos de los países emergentes.

¿Por qué un sector del empresariado, de los sindicatos y políticos, en la práctica, se lanza con el intento de resucitar el modelo cepalino del siglo pasado de sustitución de importaciones? Luego del golpe fallido de Pedro Castillo, las campañas de la asamblea constituyente y las nacionalizaciones, el Perú ha entrado en recesión por la caída estrepitosa de la inversión privada. La recesión de hoy se suma a la involución económica desde el 2014, que lentificó el crecimiento del PBI a 3% (cuando en la década previa superaba el 6%). Semejante involución se explica por la sobrerregulación progresista del Estado, que organizó uno de los Estados más burocráticos de la región, abiertamente en contra de la inversión privada.

A pesar de la lentificación de la economía y la recesión actual, el modelo económico consagrado en la Constitución, ha producido el mayor proceso de industrialización de nuestra historia republicana. El economista César Peñaranda, citando estadísticas del BCR y del MEF, nos señala que hoy la manufactura pesa más que cualquier otro sector en la economía. Sostiene que la industria representa el 16.5%, con 4.1% de manufactura primaria y 12.4% de no primaria. Peñaranda agrega que el sector servicios suma el 37.1%; sin embargo, cuando se desagrega en sectores, ninguno de ellos supera el aporte de la manufactura o la industria. Igualmente, Peñaranda informa que el sector agropecuario representa el 6%, minería 12.1%, comercio 10.2%, construcción 5.1% y pesca 0.7%.

Como se aprecia con absoluta claridad el Perú se ha industrializado, pero no por la planificación de “algunos empresarios brillantes”, sino por la innovación de las empresas en diferentes sectores del mercado.

Una de las explicaciones de esta contraofensiva mercantilista en contra del modelo económico es que los partidos políticos de la centro derecha han abandonado un plan de nuevas reformas, que profundicen el modelo pro industrializador del país, relancen el crecimiento y la inversión privada. El Perú necesita con urgencia una reforma tributaria que simplifique y reduzca tributos y considere a la pequeña empresa con algunos criterios promocionales –como sucede en cualquier sociedad desarrollada–, pero de ninguna manera eligiendo a dedo “sectores industriales”.

El proyecto 5892, “Nueva Ley de Industrias”, a nuestro entender, representa la argentinización de la economía y la sociedad peruana. En vez de avanzar a reformas que profundicen el modelo, involucionamos a un estatismo que, desde el Estado y con los recursos fiscales de todos los peruanos, se propone “crear empresas y empleo artificiales”, hasta que todo vuele por los aires, tal como sucede en Argentina y acaeció en el Perú con el velasquismo.

Si, por esas tragedias, se impone este gradualismo estatista, el Perú nunca volverá a librarse de un gobierno del tipo de Pedro Castillo. Enormes porcentajes de la sociedad dependerán de la dádiva estatal –hoy sucede todo lo contrario– y, como en la Argentina, salir de ese pantano demandará décadas y quizá cerca de un siglo. ¿O no?