Terminar parálisis de reformas e inversiones

El objetivo de la izquierda marxista es que la política y el espacio público se conviertan en sinónimo de judicialización, y que todo el Perú se transforme en un gran tribunal, mientras se frenan reformas y se detienen inversiones, sobre todo las mineras. Judicializar la política y pretender que los políticos, las autoridades, el Ejecutivo y el Legislativo compitan con policías, fiscales y jueces, en “la lucha contra la corrupción” es, pues, el gran negocio marxista.

¿Por qué la izquierda colectivista se propone este tipo de objetivos contra el crecimiento y la reducción de pobreza? La respuesta es simple: sin reformas y sin inversiones el crecimiento se ralentiza (tal como sucede ahora), los ciudadanos que dejaron de ser pobres en los últimos años se desesperan, y todo puede confabularse a favor del discurso estatista que señala que el actual “modelo económico neoliberal” solo favorece a las grandes transnacionales y mineras.

Más allá de que en el Perú, la pobreza se haya reducido del 60% de la población a solo 20%, y que el 75% del total de esa disminución sea aporte privado (mediante creación de empleo), la izquierda marxista martillea con el mensaje. Y, en la medida que el Estado fracasa en la redistribución de los recursos, la propaganda colectivista puede pegar. Hoy crecemos por debajo del 4% del PBI, una cifra con la que es difícil reducir pobreza, porque apenas alcanza para absorber la demanda de empleo de 250,000 jóvenes que se incorporan a la economía anualmente.

Por todas estas consideraciones es hora de que los sectores que defienden la economía de mercado y la democracia acaben con esta inercia paralizante que detiene reformas e inversiones. A nuestro entender cancelar la parálisis económica significa, por lo menos, concretar los proyectos de cobre de Tía María y Michiquillay y materializar la reforma laboral. ¿Por qué? Si los dos mencionados proyectos mineros avanzan, el Perú enviará una señal a los mercados acerca de que las inversiones continúan (Quellaveco, Ampliación de Toromocho y Mina Justa son inversiones de periodos anteriores) y que se reactivan nuevos emprendimientos en cobre, detenidos en seco, luego de la paralización de Conga en Cajamarca.

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, acaba de anunciar, por ejemplo, que antes de agosto se entregará la licencia para empezar la construcción del proyecto Tía María, que representa una inversión de US$ 1,400 millones para producir 120,000 toneladas de cobre anuales. De no iniciarse entonces, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente perderá vigencia y todo volverá a fojas cero. El simple anuncio ministerial desatará un nuevo intento del radicalismo antiminero para detener el proyecto. Para estos sectores es de vida o muerte detener Tía María porque, en el acto, perderían el financiamiento internacional de los sectores que buscan paralizar la producción de cobre del país para evitar competencias.

Algo parecido sucede con el proyecto Michiquillay en Cajamarca, que suma una inversión de US$ 2,500 millones para producir 225,000 toneladas de cobre anuales desde el 2025. El radicalismo antiminero se aliará hasta con los infiernos para detener este proyecto que puede ser el inicio del relanzamiento de las inversiones en el cinturón de cobre del norte (Conga, Galeno, La Granja, Shahuindo) que podrían agregar un millón de toneladas métricas (TM) más de cobre a la producción nacional de 2.5 millones de TM.

La necesidad de flexibilizar la contratación y el despido de trabajadores en el Perú, tal como lo señalan los economistas serios, es una medida que puede agregar productividad y competitividad a los mercados, iniciando una etapa de crecimiento sostenido del empleo formal. Todos los rankings de organizaciones especializadas mundiales señalan que la legislación laboral peruana está entre las diez más rígidas del planeta.

Sacar adelante Tía María, Michiquillay y la reforma laboral, entonces, pueden convertirse en un momento de inflexión de esta inercia que bloquea reformas e inversiones. Sin embargo, no es una batalla que solo se escenificará en el Ejecutivo y el Congreso, sino también en los medios de comunicación y en la sociedad en general. Es hora, pues, de tomar la iniciativa frente a los colectivismos y marxismos, enemigos del Perú y de los pobres.