Segunda vuelta y gobernabilidad

La disyuntiva electoral de los peruanos

Si nos guiamos por las últimas encuestas difundidas de acuerdo a ley, el Perú asiste a dos posibles escenarios de segunda vuelta que obligan a los electores a reflexionar sobre el hecho de que este 10 de abril no solo elegiremos al próximo jefe de Estado, sino también un sistema de gobernabilidad. En otras palabras, también tendremos que optar por una relación política de fuerzas que posibilite el funcionamiento de las instituciones de la democracia, la consolidación de una sociedad abierta, y la continuidad del crecimiento económico y la reducción de pobreza.

Los sondeos señalaban dos posibilidades: una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y PPK, y otra entre la propia Keiko y Verónica Mendoza, del Frente Amplio. Queremos reflexionar sobre las posibles consecuencias de un eventual ingreso de Verónica Mendoza al ballotage. Si consideramos el programa y las principales propuestas de la señora Mendoza —sobre todo, la iniciativa de derogar la Carta Política de 1993— se hace evidente que el Frente Amplio pretende cancelar los principios constitucionales de la preeminencia de la propiedad privada y la competencia en la economía, la inviolabilidad de los contratos y el papel subsidiario del Estado. Para implementar su plan económico proteccionista y estatista, entonces, la señora Mendoza requiere derribar la muralla constitucional.

Semejantes propuestas ideológicas y políticas del Frente Amplio, sumadas al antifujimorismo exacerbado que profesan sus dirigentes, reeditarían todas las pasiones, enconos y enfrentamientos de la segunda vuelta del 2011, entre el fujimorismo y el nacionalismo. En ese entonces el ballotage se convirtió en un campo de batalla, en una guerra sin cuartel, y la confrontación devoró cualquier posibilidad de convergencias. Las consecuencias de ese choque las padecimos los peruanos en los últimos cinco años, con el deterioro de la institucionalidad y la desaceleración económica.

Si consideramos que, según las propias encuestas, el fujimorismo alcanzará una mayoría de más de 70 parlamentarios y que la identidad del movimiento naranja pasa por la firme defensa del actual orden constitucional, ante la hipótesis lejana de un triunfo del Frente Amplio en segunda vuelta, ¿cómo se desarrollaría la gobernabilidad del país? Es evidente que no existiría posibilidad de que las instituciones de la democracia funcionen, a menos que la señora Mendoza aceptara postergar sus propuestas radicales, algo a lo que se han negado los principales dirigentes del Frente Amplio.

La propuesta de derogar la Carta Política actual desnuda la raíz ideológica estatista y proteccionista que encabeza la señora Mendoza. Si bien ella niega semejanzas con las recesiones de Venezuela y Brasil, la negativa a firmar el Acuerdo Transpacífico y la voluntad de resucitar al Estado empresario solo reafirma el parecido de las propuestas del Frente Amplio con el estrepitoso fracaso de los países estatistas del Mercosur. Al argumentar que la derogatoria de la Carta Política actual pretende que la institucionalidad democrática se desligue de la herencia fujimorista, se desconoce el hecho de que por primera vez los peruanos estamos por alcanzar el sueño republicano, precisamente, por la vigencia del orden constitucional que se pretende cancelar.

Si bien a inicios del siglo XX hubo una continuidad democrática que se debe rescatar —la llamada República Aristocrática— se trataba de una democracia de la sociedad criolla mientras se excluía a las sociedades andinas andinas del voto y la propiedad. La democracia actual ya no reproduce la división colonial de una sociedad criolla y otra andina; es la democracia de los 30 millones de peruanos del campo y la ciudad e, inexorablemente, avanza hacia la cuarta elección sin interrupciones.

¿Cómo debería ser calificado quien pretende derogar la Constitución que explica el crecimiento, la reducción de pobreza sin precedentes y la estabilidad de la democracia? Es evidente que no se le puede considerar un demócrata.