Restablecer la ley y el orden para relanzar el crecimiento

El Gobierno de transición de Dina Boluarte se ha consolidado y ha establecido relaciones de colaboración con el Congreso, al menos hasta ahora. Sin embargo, el hecho más relevante del nuevo Gobierno ha sido detener el proceso insurreccional que desataron las corrientes comunistas, colectivistas y de izquierda luego del fracaso del golpe de Estado de Pedro Castillo. Un proceso insurreccional que algunos sectores pretenden reducir a “una protesta social ejercida dentro de los marcos de la Constitución”.

Sin embargo, si en el Perú se hubiese impuesto el bloqueo de las vías nacionales para desabastecer a las ciudades, los ataques y destrucción de los aeropuertos nacionales, los atentados contra los sistemas energéticos e hídricos del país, se habría desencadenado –por la fuerza y la violencia– la convocatoria de una asamblea constituyente, y la Constitución y el Estado de derecho se habrían hecho trizas. Minorías radicalizadas entonces controlarían el curso de la sociedad.

Eso no ha sucedido y nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional del Perú (PNP) se han convertido en acérrimos defensores del Estado de derecho. Sin embargo, vale recordar que, junto al objetivo de tomar el poder por la violencia, las minorías radicales y colectivistas siempre apuntaron a la destrucción de la economía de mercado y de la inversión privada. Durante el año y medio de Gobierno de Castillo las propuestas de la constituyente y de la nacionalización de los recursos naturales, simplemente, cancelaron la posibilidad de nuevas inversiones.

El año pasado la economía creció menos de 3%, mientras la inversión privada, prácticamente, se expandió cero. Se proyecta que este año la economía crecerá apenas sobre el 2% y no se conocerá de nuevas inversiones. Semejante situación podría cambiar en algo de acuerdo al desarrollo del Gobierno de transición, la convocatoria de las nuevas elecciones y las encuestas sobre los futuros candidatos presidenciales.

Sin embargo, resulta incuestionable que no hay futuro para la economía y la inversión privada si no se restablecen la ley y el orden en el país y se derrota el proceso insurreccional. Si la anarquía y la violencia se imponen los efectos económicos y sociales destructivos serán los mismos que causarían una eventual constituyente.

De allí que restablecer el Estado de derecho en el Perú no solo implique enfrentar el proceso insurreccional sino, por ejemplo, recuperar la autoridad democrática en las regiones mineras, sobre todo en el llamado Corredor Vial del Sur. En esas áreas, minorías violentistas pretenden legitimar el bloqueo de carreteras y los asaltos a campamentos mineros con supuestos argumentos de “demandas sociales y el derecho a la legítima protesta”. 

Como todos sabemos en el Corredor Vial del Sur se emplazan las minas que producen más del 50% del cobre del país. Igualmente sabemos que las oenegés antimineras y las corrientes radicales y comunistas se han focalizado en esta área minera, planteando supuestas “demandas sociales” e invocando el derecho a “la legítima protesta”. 

Minas como Las Bambas, Cuajone, Constancia y Antapaccay han sufrido el ataque permanente de estas minorías violentistas. El caso de Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del planeta –ubicada en el corredor vial– es paradigmático: desde el inicio de las operaciones lleva más de 560 días paralizados en envíos de mineral por bloqueo de las vías y, en vez de las 400,000 toneladas de métricas (TMC) anuales proyectadas anualmente, la mina solo producirá 240,000 TMC en el 2022.

El intento insurreccional que contemplamos luego del fracaso del golpe de Castillo, en realidad, sucedía cada día durante el gobierno de año y medio de Perú Libre y el Movadef. Una de sus expresiones, envuelta en supuestas demandas sociales y protestas sociales, fue la violencia y anarquía desatada en el Corredor Vial del Sur.