Se restablece el financiamiento privado a los partidos

La comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó el dictamen que restablece el financiamiento de las personas jurídicas (léase empresas) a los partidos políticos y, como se dice, dio un paso trascendental para reconstruir el sistema político en el Perú, hoy extremadamente jaqueado por las economías ilegales. El proyecto que modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, establece que el aporte privado de las personas naturales y jurídicas no debe superar las 200 Unidades Impositivas Tributarias en un año calendario por cada organización política. Igualmente, se establece que ningún aportante podrá superar las 500 UIT al año al margen del número de organizaciones a las que se aporte.

En cualquier caso, estamos ante una extraordinaria noticia porque las restricciones al financiamiento privado a los partidos, de una u otra manera, estaba llevando a que las economías ilegales empiecen a controlar espacios públicos en el gobierno central, los gobiernos regionales, municipios y sectores de las bancadas legislativas. En el caso de la minería ilegal, incluso existe un discurso social que pretende envolver la suma de delitos de esta actividad en “el fracaso de la formalización minera” por, supuestamente, “la exclusión de los pequeños mineros de parte de los grandes y medianos”. En ese camino, la minería ilegal, con enormes recursos, se propone financiar a los movimientos antisistema.

Vale recordar que el referendo que convocara Martín Vizcarra, de una u otra manera, destruyó el sistema político a través de la negativa al sistema bicameral y la reelección de los congresistas. Sin embargo, una de las cosas más letales de la reforma electoral del progresismo fueron las restricciones al financiamiento privado a los partidos, sobre todo la oposición a que las empresas financien a este sector.

Detrás de la reforma progresista del vizcarrismo hay un profundo contenido ideológico anticapitalista y antidemocrático. ¿Por qué? Porque si las empresas no se convierten en la principal fuente de financiamiento de los partidos, ¿qué sector debería asumir esta responsabilidad? El progresismo y las corrientes neomarxistas sostienen que debe ser el Estado, la entidad que debe convertirse en el redistribuidor de los recursos fiscales a los partidos según los resultados electorales. En otras palabras, los burócratas del sistema electoral deben ser los vigías de los hermanos menores; es decir, los partidos. Una verdadera locura antidemocrática.

Bueno, todo el modelo progresista se ha implementado en el sistema electoral del Perú y tenemos los devastadores resultados al primer golpe de vista. No solo se ha desalentado la formación de partidos nacionales a través de la balcanización de los grupos parlamentarios(con el criterio del voto de conciencia del congresista antes que el programa de la bancada). Y el mejor ejemplo es Perú Libre, bancada que llegó al Congreso con 45 representantes que hoy se dividen en más de seis bancadas.

Pero no solo se trata de la fragmentación que contemplamos en los cerca de los 30 candidatos presidenciales que parecen asomar para las elecciones del 2026 –por haberse rebajado las vallas para registrar partidos–, sino que la irrupción de las economías ilegales en el financiamiento político está desarrollando una peligrosa tendencia en la política que nos puede llevar a crear un Estado fallido, sobre todo por el colapso estatal ante el desborde criminal. 

Únicamente basta observar los recursos, los locales y la parafernalia electoral que tienen los movimientos antisistema en las provincias –es decir, los sectores que pretenden violentar el sistema de derechos de propiedad en el país, tal como se proponen las economías ilegales– para reparar en que el avance de la ilegalidad en la política es un grave problema nacional.

Por todas estas consideraciones la aprobación del proyecto que restablece el financiamiento de las empresas a los partidos políticos es una excelente noticia para el sistema político.