La censura del ministro de Energía y Minas, Rómu...
La insurrección bolivariana en contra del sistema republicano y el Estado de derecho continúa luego del fracaso del golpe de Estado de Pedro Castillo. Al cierre de esta edición, minorías radicalizadas y muy organizadas, habían dejado siete lamentables muertes de peruanos, luego de atacar más de 12 comisarías en el sur del país y herir de gravedad a más de 119 policías. Igualmente, se había secuestrado a cinco efectivos policiales y uno de ellos se debatía entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos.
A las trágicas muertes de peruanos y la violencia de los ataques a las fuerzas policiales, se sumó el incendio y saqueo de una de las plantas de la empresa Gloria en Arequipa, el ataque frontal contra los medios de comunicación nacional –televisoras apedreadas en el centro de Lima– y, en general, la destrucción de locales del Ministerio Público, del Poder Judicial y de diversas instituciones privadas.
Los cables internacionales presentaban un país convulsionado luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Sin embargo, las cosas comenzaban a aclararse: la violencia y las oleadas terroristas eran causadas por vanguardias, por minorías, que no contaban con el respaldo de las mayorías nacionales (en Lima, por ejemplo, se calcula solo 600 activistas), pero que buscaban materializar todos los objetivos que se propuso el golpe de Estado fallido de Castillo: la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto general de elecciones, y la instalación de una asamblea constituyente.
Ante esta situación, el Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú enfrentan una disyuntiva: o se salva la democracia, la vigencia de la Constitución y el sistema republicano, o se permite que se instale la anarquía y la asamblea constituyente en el Perú. En este contexto se imponía que el régimen constitucional utilice toda la fuerza constitucional y legal que otorga la Constitución y los tratados internacionales para preservar la vigencia de la Constitución y las instituciones republicanas.
A nuestro entender, las medidas a considerar pasaban por un incremento de la capacidad de respuesta de la fuerza pública, estableciendo el estado de emergencia de todo el sistema vial nacional mediante el control directo de las fuerzas armadas y policiales. Semejante medida es vital para quebrar el objetivo central de la estrategia insurreccional bolivariana: la parálisis de la economía nacional y la sociedad.
Sobre esta medida, el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial deberían desarrollar una convergencia nacional para proceder a detener y procesar a todos los activistas que fomentan acciones sociales de terror contra la policía nacional del Perú (PNP), la propiedad pública y privada. La detención de los violentistas es la única manera de evitar que sigan las trágicas muertes de inocentes.
No hay tiempo que perder. El único camino para detener la estrategia insurreccional del eje bolivariano es utilizando todos los mecanismos contemplados en la Constitución y el Estado de derecho para enfrentar una estrategia insurreccional como la que se desarrolla.
En los años ochenta el Perú se convirtió en un ejemplo planetario por haber derrotado la estrategia terrorista de Sendero Luminoso en base a la movilización campesina y el respeto de los derechos humanos todo el mando sanguinario del terrorismo. Hoy, el eje bolivariano ha movilizado escuadras para desarrollar las mismas acciones violentistas y de terror que alguna vez doblegaron a las democracias en Bolivia y Chile. Los defensores de la democracia y la libertad de esos países no estuvieron a la altura de las circunstancias.
Por todas estas consideraciones, tenemos la absoluta certeza de que la estrategia bolivariana será derrotada en el Perú y que, nuevamente, el país se convertirá en un paradigma de defensa de la libertad en toda la región.
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