No se crece con reformas que desatan guerras políticas

El ministro de Economía, Carlos Oliva, ha señalado que si no se hacen las reformas políticas será difícil crecer por encima del 4% de manera sostenida. Oliva, uno de los mejores titulares del Gabinete, por la responsabilidad demostrada en el sector, sorprendió a tirios y troyanos porque, de una u otra manera, termina sumándose a la guerra política que desarrolla el Ejecutivo contra el Congreso.

Las reformas políticas planteadas por la llamada comisión de notables —nombrada por el Ejecutivo—, que encabeza Fernando Tuesta, han reactivado la guerra política entre el Ejecutivo y el Legislativo a niveles tan extremos que hoy se suele hablar de disolución del Legislativo y de vacancia presidencial, como si se tratara de actos administrativos. Así, ¿cómo se puede sostener que “las reformas políticas” son necesarias para crecer 4%?

Muy por el contrario, solo la posibilidad de que el Ejecutivo y el Legislativo encuentren un camino para restablecer los diálogos y acuerdos para relanzar la gobernabilidad puede convertir a la política en un factor que impulse el crecimiento. Y, a estas alturas, es evidente que no se puede reformar la Constitución ni proceder a reformas legales fundamentales si solo el Ejecutivo quiere imponer su punto de vista en base a movilizaciones mediáticas y encuestas.

La guerra política que desarrolla el presidente Vizcarra en contra del Legislativo ya comienza a pasarle la factura a la economía. En el primer trimestre del 2019 la economía se expandió por debajo del 2.5% del PBI, y las predicciones señalan que no se alcanzará el proyectado 4% anual. Si las cosas se presentan así, cada vez se volverá más complicado seguir reduciendo pobreza. El motivo: los economistas señalan que se necesita crecer por encima del 4% para absorber la demanda de empleo de los 300,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la economía.

Restablecer los entendimientos y eliminar el ruido político es fundamental entonces para relanzar el crecimiento, sobre todo cuando la economía nacional pierde productividad y competitividad a velocidad acelerada. Cada ranking mundial que se publica representa una mala noticia para el Perú. Por ejemplo, el Ranking de Competitividad Mundial que elabora el Institute for Management Development (IMD) en alianza con Centrum Católica, registra que el país se ubica en el puesto 55 de un total de 63 economías. Desde el 2008 —en que el Perú alcanzó el lugar 35— la economía no ha dejado de perder competitividad.

Los entendimientos políticos e institucionales, pues, resultan fundamentales para que el Ejecutivo y el Legislativo promuevan reformas que relancen el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. Si se crea ese escenario será posible, por ejemplo, avanzar en la tan necesaria reforma laboral, que debe establecer criterios flexibles para contratar y despedir. ¿Cómo se pueden discutir estos temas en medio de una guerra política? Las reformas urgentes están sobrediagnosticadas: las reformas de la educación y la salud, la solución de los déficits acumulados en infraestructuras.

En la medida en que las reformas política y judicial se han convertido en capítulos de una guerra prolongada entre Ejecutivo y el Legislativo, los poderes del Estado deberían concentrarse en aquellas reformas que permitan relanzar el crecimiento. Es lo menos que se le puede exigir a la clase política.

De otro lado, un clima político más constructivo permitiría que el Ejecutivo vuelva a concentrarse en las tareas propias de la gobernabilidad: crecimiento, reconstrucción del norte, combate a la ola criminal, lucha contra la anemia y restablecimiento de la autoridad del Estado democrático. En un escenario de este tipo, la pregunta sobre si el Ejecutivo otorgará la licencia de construcción a Tía María antes de agosto (cuando vence el Estudio de Impacto Ambiental) y si se restablecerá el principio de autoridad en el Corredor Minero del Sur se vuelven cruciales.

Para crecer más de 4%, pues, necesitamos ese escenario constructivo. La guerra política es el camino de la autodestrucción económica.