¿Las leyes laborales son asuntos administrativos o legislativos?

A estas alturas es incuestionable que en el Congreso no existen los votos para producir la vacancia por incapacidad moral del jefe de Estado o inhabilitar a los miembros del Ejecutivo, a pesar del desgobierno nacional. Y no existen los votos porque los representantes comunistas –electos en los últimos comicios– y los llamados “niños” del Legislativo suman alrededor de 50.

Cambiar semejante situación demanda una estrategia fina y una gran movilización de la ciudadanía. Sin embargo, mientras se avanza en la formación de la mayoría necesaria para vacar a Pedro Castillo o inhabilitar a los miembros del Ejecutivo, el Congreso no puede renunciar a legislar y a defender la Constitución y las libertades en asuntos concretos y sectoriales.

Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha promulgado dos decretos que buscan arrinconar a la inversión privada, y que no han sido discutidos en el Consejo Nacional de Trabajo. El primero prohíbe la tercerización laboral y pone en peligro 250,000 empleos directos y más de un millón indirectos. El segundo fomenta la sindicalización en todas las relaciones laborales y liberaliza el derecho de huelga. Junto a la propuesta de la asamblea constituyente y las nacionalizaciones, estos decretos supremos pretenden liquidar la inversión privada, producir una ola de quiebras y aumentar la informalidad.

Planteadas las cosas así, la pregunta es, ¿quién legisla en el Perú? ¿El MTPE o el Congreso? Los dos decretos del MTPE producen las mayores modificaciones al modelo económico de los últimos 30 años, y los empresarios –sin el respaldo político del Legislativo– interpusieron una denuncia ante Indecopi, entidad que ha resuelto a favor del sector privado. En el acto, el MTPE se ha pronunciado en contra de la señalada resolución y, de repente, un asunto capital para la economía se debe dilucidar solo en las instancias administrativas. Otra vez la misma pregunta: ¿quién legisla en el Perú? ¿Las leyes se expiden en el MTPE o en Indecopi?

En cualquier sociedad medianamente democrática ambos decretos ya habrían sido derogados por el Legislativo. El Congreso se pone de espaldas y la mayoría que defiende la Constitución y las libertades evita coger una papa que arde. ¿Cómo es posible que el Congreso renuncie a su principal función de legislar y deje que la legislación laboral se convierta en un asunto administrativo?

Por todas estas consideraciones, no es de extrañar que en las encuestas la desaprobación del Congreso incluso sea mayor que la del Ejecutivo. Es decir, mayor rechazo que el peor gobierno de la historia republicana, que ha desatado un desgobierno nacional sin precedentes, la destrucción de las instituciones y un frenazo económico inimaginable. Y si a esto le sumamos las denuncias de corrupción que golpean al jefe de Estado, la desaprobación del Congreso solo puede provenir de una terrible inexperiencia política y desconexión de la realidad.

Sin embargo, el Congreso no siempre actuó de esa manera. Por ejemplo, en el primer año de Gobierno de Castillo, se logró archivar el proyecto de asamblea constituyente, se eligió a los seis miembros del Tribunal Constitucional y se aprobó la Ley de Confianza, que restableció el equilibrio de poderes. De una u otra manera, el Congreso salvó el Perú de la ruta bolivariana.

Hoy, en el Legislativo no existe la mayoría para relevar al Ejecutivo e iniciar una transición política. Tampoco la había en el primer año de Gobierno. Sin embargo, se legislaba. 

¿Cuál es la razón por la que el Legislativo se pone de espaldas frente al intento del MTPE y del Gobierno de colectivizar las relaciones laborales? ¿Acaso no se quiere aparecer defendiendo a los empresarios en contra de los “trabajadores”? Si las cosas son así, entonces, el colectivismo y el progresismo han ganado. Sin necesidad de instalar una constituyente, sin necesidad de tener mayoría en el Congreso, las izquierdas minoritarias están modificando el modelo económico a través de decretos laborales. Y pueden venir más.

Esta es una tragedia inevitable, consecuencia de la reforma política del Gobierno de Vizcarra. Un Congreso sin reelección, con representantes sin la menor experiencia, seguirá renunciando a legislar pese al aumento de la desaprobación. Las bancadas no quieren aparecer al lado de los “ricos” ni en contra de los “pobres”. Locura.