¡La urgencia de un nuevo Gabinete!

La presidente Dina Boluarte debe entender que su administración enfrenta una crisis de gobernabilidad que, de no tener una respuesta política, podría desembocar en una salida excepcional, tal como lo proponen los sectores progresistas y las corrientes radicales del país. La crisis de gobernabilidad, incuestionablemente, ha sido gatillada por la incapacidad del Estado para controlar al crimen organizado, que afecta a todos los sectores de la sociedad. En ese contexto, las marchas de los transportistas, si bien pueden ser utilizadas por cualquier adversario gubernamental o del sistema democrático, revelan la tragedia de la ciudadanía azotada por la ola criminal.

Al lado del desborde de la ola delictiva es evidente que el Perú comienza a enfrentar una anarquía institucional consecuencia del desplome de la aprobación ciudadana del Ejecutivo y del Congreso y de la ausencia de una política de Estado para enfrentar la ofensiva del crimen organizado; una política de Estado que debería movilizar a todas las instituciones estatales y lograr una convergencia con el sector privado y la sociedad en todos los esfuerzos por detener el delito.

La anarquía institucional es el resultado directo de la pérdida de autoridad del Ejecutivo y del propio Congreso, y también de las estrategias antidemocráticas de las corrientes progresistas y radicales. La anarquía se expresa en los diferendos entre el Congreso y el Poder Judicial, en la decisión de un sector del Ministerio Público de no aplicar la ley que establece que la policía nacional (PNP) desarrollará las investigaciones preliminares, en las distancias entre la PNP y los fiscales y en la sensación general de desgobierno que se apodera de la sociedad frente al avance del delito.

¿Cómo se recupera el principio de autoridad política en una democracia sumergida en una crisis de gobernabilidad? El manual de las tradiciones políticas señala que el cambio de gabinete es la herramienta que tienen los políticos demócratas. Un nuevo consejo de ministros conformado por personalidades de amplia convocatoria que, de una u otra manera, representen a todos los sectores de buena voluntad es la única alternativa para recuperar la autoridad del Ejecutivo e iniciar un diálogo nacional y, sobre todo, para desarrollar una política de Estado eficiente en contra del desborde criminal.

Se puede argumentar que a tres semanas de la Cumbre de la APEC en Lima es inapropiado desarrollar este tipo de cambios políticos. Sin embargo, los ministros y funcionarios vinculados a esta cumbre mundial podrían mantenerse en las responsabilidades al lado de los nuevos ministros con predicamento nacional. Y también se podría anunciar al país que luego del evento mundial se desarrollaría el cambio ministerial para enfrentar la crisis.

Una de las cosas más terribles que le podría suceder al régimen democrático es que se llegue a una salida de excepción mediante un adelanto general de elecciones. De nada habría servido detener el golpe fallido de Pedro Castillo y las olas de violencia insurreccional que pretendían instalar una asamblea constituyente; igualmente, de nada habría servido preservar una frágil y deteriorada institucionalidad que ha posibilitado reactivar la economía, destrabar decenas de proyectos de inversión y retomar cierto optimismo en la economía.

Los sectores políticos que solo consideran la estrategia de poder por sobre todas las cosas no suelen evaluar la importancia de que las instituciones y los respectivos periodos establecidos en la Constitución se mantengan. Finalmente, estos sectores, ya sean de izquierda o de derecha, participan del criterio leninista de que salvo el poder todo es ilusión. La idea de un proyecto nacional basado en la continuidad de las instituciones les resulta absolutamente lejana.

Por todas estas consideraciones, es urgente que la presidente Boluarte anuncie la conformación de un nuevo Gabinete que enfrente el desborde de la ola criminal y enrumbe al país hacia las elecciones nacionales del 2026.