La triste y lenta reconstrucción

Un reciente reporte de la Defensoría el Pueblo indica que 8,463 damnificados del pasado fenómeno de El Niño costero todavía no reciben ayuda del Estado, y que 31,254 personas siguen viviendo en carpas, de las cuales 15,780 están en Piura y el resto en la región Lima. Asimismo, en los albergues instalados de manera provisional hasta ahora no hay servicios de energía eléctrica, agua potable ni saneamiento. Tampoco baños portátiles ni sistemas de recojo de basura.

A un año de los desastres provocados por las lluvias e inundaciones sigue pendiente la entrega de 3,172 módulos de vivienda temporales y 110 aulas prefabricadas para seis departamentos. Sobre los servicios de salud, el informe señala que solo ha sido utilizado un 48% del presupuesto asignado para remediar los daños en los centros de salud.

Para relanzar el proceso reconstrucción, el Ejecutivo de Martín Vizcarra apuesta por los gobiernos locales, que se encargan del 45% del total de las obras, en tanto que el Gobierno Central asumirá el 50% y los gobiernos regionales el 5%. Un gran cambio que se explica por el interés del presidente y del primer ministro, César Villanueva, en otorgar protagonismo a los gobiernos locales. Sin embargo, ¿cuán eficiente es esta modalidad que apuesta por la participación y fiscalización y relativiza la urgente y necesaria centralización de la gestión? El tiempo está planteando esta y otras grandes interrogantes.

Lamentablemente, la terrible experiencia de la reconstrucción de Ica —después del terremoto de 2007— no ha servido para nada. En casos de emergencia la gestión pública sigue siendo deprimente, sin eficacia en el momento en que es más necesaria. Quizá ya es hora de hacer un balance del papel de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, una dependencia que no es un ministerio y que carece de poder político para centralizar, unificar criterios y, sobre todo, desarrollar una política de amplia convocatoria del sector privado en el proceso de reconstrucción. Una entidad que, además, no contrata con entidades privadas internacionales que tengan la suficiente experiencia en el desarrollo de proyectos y concursos internacionales. Nadie lo entiende. Experiencias mundiales existen de sobra.

No obstante que ya sabemos sobre la falta de capacidad técnica y de gestión en los gobiernos locales para ejecutar la inversión pública, la intención de Vizcarra de acercarse a las administraciones subnacionales lo ha impulsado a entregar más presupuestos a los municipios. ¿No estamos ante un error que puede determinar o no el fracaso de la reconstrucción? Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por ejemplo, señala que la Municipalidad de Piura solo ha ejecutado menos del 50% de los presupuestos destinados a los proyectos de inversión. En el extremo de este problema está en la provincia de Paita, donde solo se usó el 10% del presupuesto destinado para las obras de saneamiento.

Además, llama la atención que, después de un año de las inundaciones, apenas se empieza a conocer sobre firmas de contratos, cuando las obras ya deberían estar en plena ejecución. Por ejemplo, se sabe que recién algunas empresas costarricenses han concretado reuniones con la Autoridad para la la Reconstrucción con Cambios, cinco ministerios y gobiernos locales, con el fin de contratar y empezar la reconstrucción. ¿Por qué tanta demora?

La parsimonia para la firma de los contratos se debe a la intención de mejorar constantemente el marco normativo para promover el interés de los inversionistas. Se espera que la reciente delegación de facultades legislativas otorgadas por el Legislativo al Ejecutivo permita destrabar las regulaciones que impiden dinamizar todas las inversiones, incluyendo la reconstrucción. Los mecanismos de Obras por Impuestos (OxI) pueden ayudar grandemente a mejorar la gestión y resolver los inconvenientes que generan los expedientes, que hacen esperar a todos los proyectos aun cuando las obras puedan ser de baja o mediana magnitud.

El norte y el país observan la eficacia en la reconstrucción que, de una u otra manera, marcará el éxito de la administración Vizcarra. La luna de miel de la que gozaba el nuevo Ejecutivo parece acabarse. Si Martín Vizcarra quiere mantener su relación con la población debe presentar resultados en la reconstrucción y objetivo claros en la conducción del país. El Gobierno puso el plazo de trece meses para iniciar las obras; es decir, se propuso terminar con la lentitud y las sobrerregulaciones. Ese plazo ya empezó a correr y se acumulan las semanas.