La estabilidad sin reformas no garantiza nada

Poco a poco se va imponiendo la idea de que el Perú necesita mantener la estabilidad y garantizar la continuidad de sus instituciones hasta las elecciones nacionales del 2026, tal como lo establece el mandato constitucional. Las nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, de una u otra manera, han cancelado la guerra política entre ambos poderes del Estado que recrudeció desde el 2016 para adelante hasta desembocar en la tragedia nacional de la elección de Pedro Castillo.

Sin embargo, la polarización Ejecutivo-Legislativo, que duró hasta Castillo, ha herido de gravedad el modelo institucional, político y económico que desarrollaba el Perú. Hoy, la ralentización del crecimiento por la caída de la inversión privada y el consumo, ha convertido a la sociedad peruana en una que aumenta pobreza, no obstante que, en las últimas dos décadas, y en todas las elecciones nacionales previas este flagelo social se batió en retirada.

Considerando la amenaza antisistema que se expresó en las elecciones del 2006, del 2011 y el 2021, una sociedad que aumenta la pobreza es el escenario perfecto para un eventual triunfo de una propuesta antisistema en las elecciones nacionales. Por esta razón el Perú debe declararse una sociedad que se moviliza, que se organiza, para enfrentar el aumento de pobreza y volver a reducir esta lacra social inaceptable. Y la única manera de lograrlo es a través de reformas que relancen la inversión privada y los mercados. No hay otra.

En ese contexto, de nada vale la estabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo si ambos poderes del Estado no concretan reformas institucionales y políticas. Y la responsabilidad principal de estas reformas recae en los partidos de la centro derecha, que detuvieron la constituyente de Castillo y del eje bolivariano.

En función de esos objetivos el Perú necesita con urgencia reformar su sistema de representación recuperando la bicameralidad y derogando la absurda prohibición de reelección de los parlamentarios. Un objetivo de ese tipo solo puede concretarse si los partidos aceptan que no es hora de cálculos electorales o de popularidades circunstanciales. Igualmente, necesitamos con extremada urgencia restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) y derogar los decretos laborales promulgados por el Gobierno de Castillo, que alentaron la guerra de clases entre empresarios y trabajadores. Con estas decisiones, el Legislativo enviaría un poderoso mensaje señalando que el sistema constitucional en el Perú vuelve a garantizar y promover la inversión privada, que representa el 80% de los ingresos del Estado, provee más del 80% del empleo y suma más del 80% de todo lo invertido en el país. Y lo más relevante: explica el 80% del total de reducción de pobreza –en las últimas décadas– del 60% de la población a 20%, antes de la pandemia, según el Banco Mundial.

Sobre la base de estas decisiones el país, el Ejecutivo y el Congreso deberían abordar las transformaciones del mediano y largo plazo: una reforma que simplifique el sistema tributario y apunte a reducir impuestos y una reforma laboral que flexibilice los contratos de trabajo para avanzar en la formalización del empleo. Asimismo, el Perú necesita concretar su reforma educativa consolidando los avances en meritocracia, iniciar la reforma de su sistema de salud y relanzar las inversiones en infraestructuras con precisiones en la legislación de las asociaciones público privadas y la modalidad de obras por impuestos. 

Si el Ejecutivo y el Congreso, al margen de los yerros y denuncias que se acumulan, logran concretar estas reformas de corto y mediano plazo, de una u otra manera, la resistencia y derrota del proyecto de la constituyente de Castillo y el eje bolivariano tendrán sentido. Es decir, no solo se habrá salvado la democracia, sino que se habrá relanzado el futuro del Perú.