La defensa de la Constitución y del mercado, una unidad indisoluble

Preocupa en extremo la manera cómo el Ejecutivo avanza en su objetivo de ralentizar el crecimiento, con la finalidad de que la pobreza aumente y se desate el rechazo social al modelo económico consagrado en la Constitución de 1993. A nuestro entender, si la gente le diese la espalda al sistema económico, inevitablemente, se volvería en contra de la Constitución, el principal guardián del régimen económico basado en la inversión privada, la desregulación de precios y mercados y el libre comercio.

El Ejecutivo ha logrado frenar el crecimiento y la reducción de pobreza con sus anuncios acerca de la convocación a una constituyente, con las propuestas de nacionalizar los recursos naturales y con la promulgación de los decretos laborales que prohíben la tercerización, fomentan la sindicalización y liberalizan en extremo el derecho de huelga. En el 2022 el país crecerá menos de 3% y la inversión privada crecerá cero. El próximo año creceremos menos de 2% y la inversión privada caerá.

Con estos niveles de crecimiento la pobreza aumentará. En el Ejecutivo se sostendrá que los responsables de la tragedia son el modelo económico y la conspiración de los monopolios. Una narrativa que puede avanzar porque la oposición se ha abstenido de defender el modelo económico: ni siquiera se atreve a derogar los decretos laborales que buscan ahogar la inversión privada. ¿Qué sucede con la oposición? ¿Acaso, como se dice, se ha tragado el cuento comunista y progresista acerca de los problemas nacionales provienen de “la explotación de los empresarios chupasangres”? 

Si la oposición puede seguir defiendo la Constitución, el equilibrio de poderes y seguir promoviendo la vacancia y las acusaciones constitucionales contra el jefe de Estado, como una manera de superar la tragedia nacional que ha desatado el Gobierno e iniciar una transición política, en gran parte se explica por el modelo económico consagrado en la Constitución. ¿A qué nos referimos? Si el Ejecutivo no logra avanzar en su proyecto de la asamblea constituyente es porque la Constitución le impide tomar los recursos que el Perú ha ahorrado en tres décadas y malgastarlos en una política populista de regalos, con el objeto de conseguir una popularidad efímera que le permita quebrar el Estado de derecho.

¿Qué sucedería si el Ejecutivo tuviese la plena posibilidad de malgastar los ahorros nacionales para conseguir apoyo para la asamblea constituyente? Considerando la fragmentación y la inexperiencia de la oposición política en el país, y la evidente presencia de la asesoría cubana en la administración Castillo, es absolutamente posible considerar una eventual victoria del Ejecutivo. Por todas estas consideraciones no se puede entender por qué la oposición no deroga los decretos laborales que destruyen la inversión privada y por qué, por ejemplo, no se defiende a la minería moderna, en momentos en que las minorías radicales y la negativa del Ejecutivo a ejercer la autoridad democrática han convertido a las regiones mineras en territorios sin Estado de derecho.

Es incuestionable entonces que no se puede defender la Constitución, el equilibrio de poderes, la libertad de prensa y las libertades en general sin defender el modelo económico, la inversión privada, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. 

A estas alturas no es exagerado sostener que, ante la fragmentación de la oposición en general, el régimen económico de la Constitución –que reconoce autonomía al Banco Central de Reserva, que prohíbe el estado empresario y la regulación de precios y mercados– se ha convertido en el más formidable adversario de la asamblea constituyente. 

Es más, cualquier mirada general a la historia de la humanidad nos señala que los proyectos totalitarios solo han avanzado cuando el grupo dominante del Estado logra destruir al sector privado y colectivizar la economía. Así ha sucedido y seguirá sucediendo.