¡Investigar a fondo, pero sin vacancias ni renuncias!

El Perú y el mundo contemplaron anonadados cómo la Fiscalía y la policía de la Diviac rompían la puerta de la casa de la presidente Dina Boluarte para desarrollar un allanamiento ordenado por el Poder Judicial, con el objeto de determinar el origen de unos relojes Rolex que usó la mandataria. Una ola mediática se levantó unos días atrás alrededor de los relojes y de las transferencias de más de S/ 1 millón a una cuenta mancomunada con Boluarte, correspondientes a aportes del Club Apurímac en tiempos en que ella no ejercía la jefatura de Estado.

Un vendaval mediático que revela que en el Perú existe la más plena libertad de prensa, pero que también desnuda que se pretende convertir a las instituciones en dependencias de los humores mediáticos, de las encuestas y de la opinión pública. ¿Por qué sostenemos semejante afirmación? Porque la ola informativa parecía apuntar a que se desencadenara la renuncia del jefe de Estado o, en su defecto, el Congreso estableciera la vacancia presidencial por incapacidad moral y procediera a adelantar las elecciones nacionales. Si las cosas enrumbaran por ese lado, entonces, en el Perú ya no deberíamos hablar de Estado de derecho sino de Estado de los humores mediáticos y las corrientes de opinión circunstanciales. Es decir, el Estado en donde las mayorías coyunturales se imponen y aplastan a las instituciones.

En ese sentido, queremos aclarar que aquí no se trata de una defensa del jefe de Estado, sino de la defensa abierta y explícita del Estado de derecho, del único sistema que hace posible una lucha permanente en contra de la corrupción en base al equilibrio de las instituciones y el control del poder. Si en un periodo constitucional caen dos jefes de Estado y, a tontas y locas, se adelantan las elecciones, ¿se puede seguir hablando de Estado de derecho o del Estado de la anarquía general?

Planteada esta premisa, la Constitución y las leyes señalan que el jefe de Estado puede ser investigado durante su mandato, pero solo puede ser procesado y acusado por las causales previstas en el artículo 117 de la Constitución: traición a la patria, impedir las elecciones nacionales o regionales y disolver el Congreso de manera inconstitucional.

Por todas estas consideraciones, cualquier investigación contra Boluarte debe ser llevada a fondo; y los allanamientos y otras medidas forman parte de la investigación, más allá del espectáculo que algunos persiguen. Sin embargo, cualquier acusación o proceso en contra de ella tendrá que plantearse luego del final de su mandato en julio del 2026.

¿Legalismo o ingenuidad que desconoce la irritación, el humor de la calle y la desaprobación en las encuestas? Un demócrata o un republicano no debate en esos términos; de lo contrario, Hitler, Stalin y Mao, que tenían todo el apoyo de las calles y las turbas, serían los ejemplos por seguir. 

Por otro lado, la renuncia o la vacancia del jefe de Estado son medidas sin ningún sentido práctico constitucional. ¿Por qué? Porque en la hipótesis del relevo del jefe de Estado, el presidente del Legislativo asume la Presidencia y convoca a elecciones y los comicios se materializarían por lo menos en en un año. Es decir, las elecciones se desarrollarían en abril del 2025 con el objeto de completar el periodo que no culminó Pedro Castillo ni, en esta situación hipotética, la presidente Boluarte.

¿Por qué solo elecciones para completar el periodo presidencial? Porque el Congreso no se vaca ni se renuncia. Únicamente se disuelve en el caso explícito y contemplado en la Constitución. En ese sentido, un adelanto general de elecciones del Ejecutivo y del Congreso obligaría a una reforma de la Constitución; es decir, a incorporar una disposición transitoria por esta y única vez tal como sucedió luego de la caída del gobierno de Fujimori.

¿Alguien cree que se formaría la mayoría para esta reforma constitucional? Parece imposible. A menos que los sectores que proponen la vacancia apuesten a un golpe de masas, tal como sucedió con el golpe contra el gobierno constitucional de Manuel Merino. En cualquier caso, quedaría en evidencia que, en medio de la fragilidad constitucional del país, ha surgido un sector del país cuyo programa máximo es el golpe de Estado como la manera de gobernar sin ganar elecciones.