Editorial Política

¿Gobierno pretende parar la minería?

¿Gobierno pretende parar la minería?
  • 25 de noviembre del 2015

Inversiones en recursos naturales en peligro ante oleada populista

Ha trascendido que el gobierno estaría elaborando un proyecto que permitiría una participación de las comunidades en el accionarado de futuras inversiones mineras. El porcentaje de participación oscilaría entre 15% y 20% y se distribuiría de la siguiente manera: 5% para las comunidades campesinas de las zonas adyacentes al emprendimiento minero, otro 5% se transferiría a un fideicomiso manejado por el gobierno regional, mientras que, entre el 5% y 10% restante, se entregaría mediante accionarado difundido a la población. ¿Cuáles serían las consecuencias de una iniciativa de esta naturaleza?

A nuestro entender una propuesta semejante desataría el conflicto social, no solo de cara a los futuros proyectos sino que, todos los emprendimientos mineros a punto de iniciarse y en desarrollo, pasarían a ser parte de la oleada del caldero político y social. De allí que cualquier reforma en el régimen de propiedad o sistema tributario vinculados a la inversión minera y de recursos naturales debe ser analizado con extremo cuidado. El gobierno que deja el poder podría terminar  abriéndole el vientre a la gallina de los huevos de oro del Perú y liquidando las posibilidades de la minería en el país.

Antes una precisión: estamos totalmente de acuerdo con que los recursos que se cobran por canon minero y que deben ser distribuidos por los gobiernos regionales y locales no llegan a las comunidades adyacentes a los proyectos mineros. Claro que sí. Por supuesto que sí. Durante la época de precios altos de los minerales el estado se llenó de plata los bolsillos, pero no  proveyó servicios, infraestructuras, escuelas y postas médicas a las localidades cercanas a las minas. Un ejemplo de cómo aumentaron los recursos: en el 2004 el gobierno central transfirió  por canon minero S/.399 millones de soles mientras que en el 2012 sumaba S/. 5,124 millones de soles. Un enorme incremento, pero falló el estado, los gobiernos regionales y locales.

Un cambio del régimen de propiedad de las inversiones mineras, además, reduciría los márgenes de competitividad de la inversión minera en el Perú. Un hecho que, en medio de la declinación de los precios de los commodities, simplemente, ahogaría a la inversión en el sector.

El peor momento para lanzar una iniciativa de este tipo es en medio de la marmita electoral. El candidato aprista Alan García ha lanzado la propuesta de canon comunal sin precisar si semejante transferencia provendrá de los recursos que transfiere el gobierno central o si se creará un nuevo tributo. Palacio de Gobierno, al parecer, no piensa quedarse atrás y se comienza a cocinar el mencionado proyecto que desencadenaría una verdadera polarización social.

Es evidente que las elecciones nacionales representan un momento inevitable para lanzar propuestas y alternativas. Existen diversas alternativas como, por ejemplo, la iniciativa radical liberal que propone que los dueños de la superficie también lo sean del subsuelo como una manera de convocar y alentar las inversiones en recursos naturales. No obstante una cosa es el debate electoral y otra bien diferente la responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo en el desarrollo de las inversiones mineras en el Perú, en el desarrollo de una de las columnas vertebrales que explican el nuevo rostro del Perú.

  • 25 de noviembre del 2015

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