Fin de la “república burocrática” para salvar crecimiento y empleo

Desde los años ochenta, diversos estudios señalan que el Perú es campeón en producción de leyes, en declarar derechos sin nexos con la realidad. Semejante tendencia no cambió con la vigencia de la Constitución de 1993, una carta política que reducía las funciones del Estado y empoderaba a la sociedad a través de la desregulación de la economía y el comercio. Igualmente, las cosas tampoco cambiaron cuando el Perú suscribió 22 tratados de libre comercio para desregular el comercio internacional con países de varios continentes.

A pesar de tener una economía desregulada por la Constitución y 22 tratados de libre comercio, el Perú es “la república burocrática por excelencia”, tal como lo definió el gran economista Roberto Abusada. Hoy que el país enfrenta la amenaza de un Ejecutivo que propone una constituyente y nacionalizar los recursos naturales, la república burocratizada se convierte en el mejor aliado del proyecto autoritario de la constituyente. 

Un dato antes de seguir. En la revista Gaceta jurídica se estableció que, entre el 2001 y el 2010, el Estado llegó a sumar 200,000 nuevas normas jurídicas de las diferentes dependencias del Estado, a razón de 20,000 por año. ¿Qué Constitución, qué TLC, pueden tener real vigencia en medio de esta hemorragia legislativa del Ejecutivo, del Congreso, del Poder Judicial, y de los gobiernos subnacionales?

De acuerdo al superciclo de los precios de los minerales –el cobre alcanza niveles históricos– el Perú, como segundo productor mundial del metal rojo, debería estar creciendo por encima del 6%. Sin embargo, los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones han derrumbado el crecimiento de la inversión privada. Y si a esto le sumamos la sobrerregulación en el Gobierno central, los ministerios, los municipios y las regiones, tenemos la fórmula perfecta para ahogar el crecimiento, la inversión y el empleo.

La sobrerregulación es una metástasis que se extiende de aquí para allá. La legislación laboral que declara derechos al margen de la realidad de las empresas que invierten y generan el empleo, determina que cerca del 80% de los trabajos se desarrollen en condiciones de informalidad. Igualmente, los costos y las marañas organizadas alrededor de los sistemas de tributación determinan que cerca del 70% de las empresas desarrollen algún nivel de informalidad. Finalmente, basta echar una mirada a la informalidad y el desarrollo de centenares de mercados populares emergentes para entender el terrible daño que causa la burocratización del Estado. ¿Qué peruano que se propuso poner un negocio no ha enfrentado el vía crucis de los trámites municipales? Los municipios en el Perú, con sus sobrerregulaciones y procedimientos, se han convertido en enemigos de la inversión privada y la sociedad.

La sobrerregulación afecta a todos por igual, a grandes, medianos y pequeños. Por ejemplo, para desarrollar una exploración en minería se debe formular una declaración de impacto ambiental (DIA) de carácter obligatorio, que en el Perú demora entre 18 y 24 meses. En Chile demora tres meses. A este paso, en unos años, con exploraciones detenidas por la burocracia y las aduanas, el país se quedará sin proyectos mineros.

Ante el monstruo burocrático en que se ha convertido el Perú, el proceso de eliminación de barreras burocráticas, a través de Indecopi, comienza a ser absolutamente insuficiente. Se requiere la decisión política del Congreso, que ha formado una mayoría para rechazar el proyecto de la constituyente y, al margen de errores, se ha reafirmado en la defensa de la Constitución y las libertades.

En ese sentido es fundamental entender que la burocratización de la sociedad también destruye la inversión privada y favorece la colectivización de la economía y la constituyente. De allí la enorme importancia de que el Legislativo forme una gran comisión que se encargue de analizar y proponer una salida integral frente a la burocratización del Estado.