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Sobre proyecto de ley que busca “fortalecer la actividad empresarial del estado”
La bancada parlamentaria Frente Amplio de Izquierda-Acción Popular está promoviendo un proyecto de ley titulado “De fortalecimiento de la actividad empresarial del estado para la competitividad, el desarrollo descentralizado y la soberanía nacional”, que propone cerrar toda posibilidad de privatizar las empresas estatales que aún existen. Esta iniciativa no tendría mayor trascendencia si no fuera porque sus promotores son aliados del gobierno y porque la bancada nacionalista no deslinda con aquella, que irrumpe justo cuando el país requiere con urgencia mejorar su clima de inversión para recuperar su crecimiento económico.
El principal argumento del proyecto sostiene que “el desmantelamiento de la actividad empresarial del Estado solo ha traído perjuicio al país”. ¿Es cierto ésto? Definitivamente no. Al contrario, la privatización y liquidación de las empresas estatales le hizo mucho bien al país. Los más importantes economistas y diversos estudios económicos lo corroboran.
Por ejemplo, un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que las pérdidas acumuladas por esas empresas, en 1990, llegaron a 17, 730 millones de dólares, monto igual al 67% del PBI de ese año. Esta cifra confirma que el peor daño causado por la paquidérmica actividad empresarial del Estado fue la creación de una economía inviable: los déficits fiscales causados por una planilla estatal inmanejable se cubrían con emisiones inorgánicas. De allí surgió el infierno de la hiperinflación de los ochenta. Solo en el primer trimestre de 1990 el déficit fiscal generado por las empresa estatales fue “equivalente a 5 por ciento del PBI...” ¿Que economía podía soportar esa enorme carga?
Un agravante del estatismo de entonces fue que las empresas estatales se crearon luego de la expropiación de compañías privadas. Por ejemplo, del grupo empresarial de Luis Banchero, quien llevó al Perú a ser la primera potencia mundial en pesca y producción de harina de pescado, nacieron Epsa, Epsep, Epchap, etc., que pronto se llenaron de burócratas ineficientes que quebraron la industria pesquera. Es decir, empresas que creaban prosperidad se convirtieron en empresas que creaban pobreza e hiperinflación.
Pero ¿cuál fue el impacto social del estatismo? Fue catastrófico: Los servicios de telefonía, luz y agua colapsaron por la pésima administración estatal. Las empresas estatales no tenían presupuesto para ampliar los servicios porque las tarifas irreales redujeron sus ingresos y porque sus enormes burocracias se devoraban sus presupuestos. Esto se tradujo en escasez de agua, en apagones constantes y en un pésimo y precario servicio de telecomunicaciones.
Con la privatización, aquella realidad dramática dio un vuelco total. Según Osiptel, entre 1993 y el 2000 se invirtieron más de US$ 2,500 millones en el sector con los siguientes resultados: el empleo directo bajó de 10,000 a 8,000 pero el indirecto aumentó a 25,000, el tiempo de espera para tener una línea fija bajó de 118 meses a una semana. En 1993 había 874 mil teléfonos fijos y 52 mil celulares; en marzo de este año había 3,7 millones de fijos y 30 millones de celulares, así como una fuerte penetración de la Internet y la TV por cable. ¿Acaso esto no es progreso?
Algo similar ocurrió con la electricidad: en septiembre del 2013 el 93.2% de los hogares del país tuvieron acceso a ese servicio, según el INEI. Además, los apagones se acabaron, mejoró mucho el alumbrado público y, sobre todo, las tarifas no se dispararon.
La otra cara de la medalla son los servicios de agua, aún en manos del Estado. Siguen siendo deficientes: solo el 77.2% de los hogares tienen conexiones de agua , y en las áreas rurales solo 38.3%, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Por cierto, lo de “agua potable” es incierto, pues en la mayoría de los casos tiene demasiado cloro o está contaminada con residuos de arsénico y nitratos.
Queda claro que la desaparición de las empresas estatales le trajo al país progreso y bienestar, mejores servicios para todos. El estatismo, en cambio, hundió en la pobreza al 56% de los peruanos, por eso no debe regresar. Nunca más.
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