Entre la mesa directiva y las reformas económicas para relanzar el Perú

Ya es conocido por todos que diversas bancadas de la centro derecha estarían dispuestas a desarrollar una alianza política con la izquierda radical para formar mayoría en la elección de la mesa directiva del Congreso. Desde el punto de vista de un buen análisis político, el problema de una alianza tan extraña se focaliza en, sobre todo, a quién beneficia. Y es evidente que si, a través de esa singular coalición, la centro derecha evita que la izquierda radical se haga de la presidencia o de la primera vicepresidencia del Legislativo, entonces estamos ante un acto político con cierta racionalidad.

Sin embargo, evitar que la izquierda radical consiga sus objetivos en la mesa directiva del Congreso de ninguna manera debe significar que la centro derecha, como se dice, arree banderas fundamentales en el relanzamiento del Estado de derecho, el crecimiento de la economía, la inversión privada, la creación de empleo y la reducción de pobreza. De ninguna manera, lo repetimos. Por ejemplo, la elección de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo por una alianza entre derechas e izquierdas, ¿de qué manera se expresará en la defensa del Estado de derecho frente a los delirios radicales de una supuesta tercera toma de Lima? ¿Acaso se repetirá la lamentable conducta de la Defensoría provisional anterior que se puso de lado de los violentistas en contra de las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP)? Finalmente, en los resultados concretos se advierte la justificación o no de cualquier acuerdo político.

De allí que sea pertinente señalar que ninguna alianza, más allá de los logros de la centro derecha, debería bloquear el impulso a una ola de reformas sin las cuales es imposible imaginar una salida democrática en las elecciones del 2026. Por ejemplo, el país necesita crear un sistema bicameral para instalar un Senado y perfeccionar el sistema de equilibrio de poderes. Igualmente necesitamos derogar la prohibición de la reelección parlamentaria. Por otro lado, se requiere derogar todas las normas progresistas que favorecieron el transfuguismo; incluidas las sentencias del Tribunal Constitucional anterior que promueven la fragmentación de las bancadas.

En cuanto a la economía, el Congreso debe enviar señales absolutamente claras acerca de que el Estado de derecho vuelve a promover y proteger la inversión privada como única manera de relanzar el crecimiento. El Banco Central de Reserva acaba de bajar sus proyecciones de crecimiento de la economía a 2.2% del PBI para este año, una cifra con la que es imposible seguir reduciendo la pobreza. A este paso el país vuelve a ser una sociedad que aumenta la pobreza, con más de nueve millones de peruanos afectados por este flagelo. En este contexto, el Congreso debe derogar los decretos laborales del Gobierno de Pedro Castillo, que prohíben la tercerización laboral, que fomentan la formación artificial de sindicatos (en fábricas, sectores económicos, grupos empresariales) y que liberalizan en extremo el derecho a huelga. Asimismo, el Legislativo debe restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), absurdamente derogada durante el gobierno provisional de Sagasti, porque es la única manera de evitar el fin del milagro agroexportador peruano que ha creado más de un millón de empleos directos e indirectos. Desde la derogatoria de la señalada ley no se conocen nuevas inversiones en el sector.

A partir de estas medidas, el Ejecutivo y el Congreso deberían converger para relanzar la reforma educativa y la meritocracia docente –previa derogatoria de la ley que nombra automáticamente a docentes contratados–, la reforma del sistema de salud, el establecimiento de un sistema de flexibilidad general en los contratos de trabajo y la simplificación de las sobrerregulaciones y trámites del Estado establecidos en las últimas tres décadas, que han convertido al estado nacional en uno de los más burocráticos de la región.

Finalmente, el Ejecutivo y el Congreso deberían unirse para impulsar las inversiones en infraestructuras, sector fundamental sin el cual es imposible imaginar el relanzamiento del crecimiento y la inversión privada. En resumidas cuentas ninguna alianza se justificará si se detienen las reformas que debe concretar la centro derecha.