Encapsular la crisis política y volver a los asuntos de gobernabilidad

Desde las elecciones del 2016, la crisis y polarización política que comenzó a inicios del nuevo milenio –con el final del gobierno de Alberto Fujimori–  se han convertido en una turbulencia política sin precedentes: golpe de Estado de Martín Vizcarra con el cierre inconstitucional del Congreso, vacancia por incapacidad moral de Vizcarra, golpe de masas en contra del gobierno constitucional de Manuel Merino y vacancia por incapacidad moral de Pedro Castillo. Ahora algunos pretenden una nueva vacancia presidencial y un adelanto general de elecciones por los relojes Rolex que usó la presidente Dina Boluarte.

La endémica crisis política parece haber anclado al país en las peores décadas del siglo XIX, cuando los caudillos militares, invocando los conceptos de la nación y la representación del pueblo, perpetraban golpes y cuartelazos de aquí para allá. Es evidente que ya no existe el golpe descarnado, apoyado en las bayonetas, pero sí la misma inestabilidad, la misma anarquía que disuelve las instituciones y convierte al Perú en “una republiqueta tercermundista”.

De que el Perú ha ingresado a una etapa de anarquía institucional no hay la menor duda. Un grupo de fiscales y policías rompen la puerta de la casa del jefe de Estado, una corte superior restablece las funciones de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia que han sido inhabilitados por una votación de dos tercios del Congreso –de acuerdo a la Constitución– y los sectores progresistas califican de golpe de Estado cuando el Congreso ejerce las funciones exclusivas y excluyentes que le reconoce el texto constitucional. 

Cuando Basadre analizaba las primeras décadas de independencia solía señalar que el Perú se debatía entre la anarquía y la dictadura, entre la anarquía y el autoritarismo. Es evidente que ya estamos en anarquía y que la falta de gobernabilidad se extiende; sin embargo, no permitamos que la anarquía se profundice o derive en una salida autoritaria.

Vale recordar que la polarización y la crisis política han terminado frenando el milagro económico peruano que sorprendía al mundo. En tres décadas el PBI se cuadriplicó y la pobreza se redujo del 60% de la población a 20% antes de la pandemia (luego del gobierno de Castillo este flagelo se acerca al 30%) y la sociedad se convirtió en una con mayoría de clases medias. El año pasado la economía entró en recesión y el país ha entrado a una etapa de bajo crecimiento, que vuelve imposible seguir reduciendo la pobreza. El milagro ha sido destruido.

Ante la crisis y la anarquía institucional no permitamos que la desorganización se generalice y haga que los peruanos opten por salidas autoritarias. Y la única manera de avanzar en ese camino pasa por encapsular la crisis, garantizando y exigiendo que las instituciones desarrollen las investigaciones respectivas hasta el final, pero los políticos y la institucionalidad deberían focalizarse en recuperar la gobernabilidad. El Ejecutivo, por ejemplo, tiene la urgente responsabilidad de evitar que la megainversión en el Puerto de Chancay se paralice por trámites burocráticos –que pueden ser resueltos por el Gobierno y el Congreso– y por las estrategias de algunas empresas sureñas que luchan por no perder posiciones portuarias en el Pacífico. De ninguna manera se debe permitir algo así. Igualmente, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de hacer algo para detener la ola criminal que afecta a la sociedad y a la economía.

Por su lado, el Congreso tiene la responsabilidad de evitar decisiones que destruyan las bases del modelo económico y aprobar normas que fomenten la inversión y el empleo. Un sétimo retiro de las cuentas individuales del sistema privado de pensiones simplemente quebraría el modelo y condenaría a varias generaciones de jubilados a la desprotección. Asimismo, el Legislativo debe enviar una señal poderosa a favor de las inversiones, aprobando una nueva norma que promocione las inversiones en agroexportaciones.

No permitamos que la crisis política se devore todo el sistema institucional, y focalicemos el esfuerzo de la política y las instituciones en los grandes temas de la gobernabilidad.