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La decisión del juzgado de Ica de no implementar el habeas corpus a favor del expresidente Alberto Fujimori y la devolución del expediente al Tribunal Constitucional (TC) plantea una disyuntiva insalvable para el sistema constitucional en el Perú: o se restablece el Estado de derecho o el Perú se convierte en una colonia de un sistema multilateral de DDHH, extremadamente ideologizado que, por momentos, pareciera actuar como las viejas internacionales comunistas del siglo XIX y del XX.
Semejantes frases no corresponden a un “fascista desbocado” ni a “un derechista extremo”. Tienen que ver con la realidad inevitable. Si la Constitución Política del Perú establece que el jefe de Estado (de la República) puede conceder indultos aplicando el derecho de gracia y que los indultos deben considerarse cosa juzgada; si el Tribunal Constitucional establece que el indulto otorgado al expresidente Fujimori es absolutamente constitucional y le concede un habeas corpus a favor, ¿por qué extraña razón el ex presidente Fujimori permanece en la cárcel? ¿Por qué se debe aceptar la clara decisión de la Corte IDH de que el ex jefe de Estado muera en la cárcel?
Carlos Mesía Ramírez, ex presidente del TC, en entrevista en este portal, ha señalado que según el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional, el TC está obligado a ejecutar los habeas corpus que concede. Planteada las cosas no hay vuelta que dar: ¿El TC asume su papel de restablecer el Estado de derecho o se niega a esta primera responsabilidad?
¿Por qué hablamos de restablecer el Estado de derecho? Si el presidente constitucional Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto a Fujimori que luego ratificaría el TC, ¿qué argumento podría tener la Corte IDH para señalar que la cosa juzgada no se puede ejecutar? La argumentación de la Corte parece una sacada de los debates ideológicos de las universidades en los años setenta. Señala que “los delitos lesa humanidad” no pueden acogerse al derecho de gracia, ignorando adrede que cuando se sucedieron los hechos imputados a Fujimori esa tipicidad penal no existía en el Perú, por lo tanto, ningún tribunal pudo condenar en ese sentido. El delito de lesa humanidad se incorpora a nuestra legislación cuando el Perú firma la Convención de Roma a inicios del nuevo milenio.
La argumentación de la Corte, pues, es una verdadera barbarie jurídica. Mesía Ramírez, además, sostiene que el propio Tratado de Roma establece que los indultos humanitarios en los casos de lesa humanidad son absolutamente posibles y que, en el expediente de extradición de Fujimori, no se consigna semejantes delitos, por lo tanto no pudo ser juzgado ni menos sentenciado bajo esa tipicidad. La
Si el TC restablece el Estado de derecho en el caso Fujimori habrá puesto en el sitio que le corresponde a la Corte IDH y la Comisión IDH que, en las últimas décadas, bajo las corrientes del llamado “convencionalismo” que señalan que los tratados internacionales están en permanente desarrollo, incluso, enriqueciendo y modificando las constituciones, pretende convertirse en última instancia jurisdiccional y constitucional del Perú. Lo peor de todo es que el sistema interamericano puede defender una barbarie jurídica en el caso de Fujimori mientras reabre los casos de Polay y Artemio, dos mandos del terrorismo que fueron juzgados con todos los principios del debido proceso aceptados por el propio sistema interamericano.
En las próximas horas el TC no solo decidirá sobre la libertad de Fujimori sino, de una vez por todas, si se restablece el Estado de derecho o no en el Perú. De lo contrario, el constitucionalismo y legalismo progresistas prosperará de aquí para allá, con jóvenes recién salidos de las aulas que pontifican sobre la Carta Política y las leyes de acuerdo a los objetivos políticos de las izquierdas en medio de intensas campañas mediáticas. Si esas tendencias continúan se habrán decretado los funerales de la democracia. La Constitución, las leyes y las instituciones serán letra muerta.
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