El Estado de derecho como condición de todas las correcciones

En el Perú parece haberse instalado un pesimismo generalizado por la desaprobación del Ejecutivo y el Congreso, por el manejo del déficit fiscal que hasta junio sumaba el 4% del PBI, por la influencia de la minería y las economías ilegales en la representación del Legislativo. A partir de allí se concluye que todo lo que vendrá en las elecciones del 2026 será peor.

Sin embargo, semejante pesimismo ignora de dónde proviene la actual realidad política. Del peor error que puede cometer una sociedad: elegir al peor candidato de la historia republicana y al menos preparado; es decir, a Pedro Castillo. Cuando las sociedades cometen este tipo de yerro, generalmente las economías y los sistemas institucionales son destruidos.

En el Perú, quizá honrando aquel aserto acerca de que Dios es peruano, el sistema institucional, el Estado de derecho y el modelo económico, en términos generales, mantienen sus columnas principales. Es verdad que la desaprobación del Ejecutivo y el Congreso, los yerros y las denuncias de los “mochasueldos” y los conflictos artificiales sobre competencias entre el Congreso y algunos jueces generan la impresión de un derrumbe institucional. Sin embargo, nadie puede sostener que el Estado de derecho ha sido derribado, como pretendían el golpe de Castillo y las olas de violencia insurreccional.

Igualmente, la macroeconomía está herida de consideración por la incapacidad del Ejecutivo y del Ministerio de Economía y Finanzas para reducir los gastos. El año pasado el déficit estaba proyectado en 2.4%, pero se llegó al 2.8% del PBI. Este año se proyectó un déficit de 2%, pero el Ejecutivo amplió los estimados hasta el 2.8%. Sin embargo, por el hueco acumulado parece difícil llegar incluso al cambio de meta propuesto por el Gobierno. Pero nadie puede sostener que el modelo ha sido cambiado luego del paso de los gobiernos de izquierda de Sagasti y Castillo.

A pesar de haber encumbrado al poder al peor gobierno de la historia nacional, el Perú preserva su Estado de derecho y su modelo económico. De alguna manera todo se asemeja a un edificio con las lunas y puertas rotas y desvencijadas, pero la estructura sigue en pie, lista para ser reconstruida y relanzada con rapidez.

De alguna manera todas las sociedades que han alcanzado el desarrollo han experimentado situaciones parecidas al Perú. Los Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión del siglo XIX era una sociedad atravesada por economías ilegales y una corrupción generalizada en la construcción del Estado Federal; sin embargo, la grandeza de la gran unión americana fue preservar el Estado de derecho y la institucionalidad.

El Estado de derecho implica una mínima existencia de institucionalidad y una mínima posibilidad de controlar el ejercicio del poder. A partir de esa premisa cualquier democracia tiene la plena posibilidad de reformarse, regenerarse y perfeccionar su sistema institucional.

A pesar del peor error que puede cometer una sociedad, más allá de todos los problemas acumulados y no obstante la brutal judicialización de la política y la fragmentación extrema del espacio público, el Perú sigue preservando el Estado de derecho. El mérito de nuestra sociedad es haber evitado el intento de quebrar el Estado de derecho e instalar una asamblea constituyente, y también haber rechazado la propuesta de adelantar las elecciones en base a los resultados de las últimas encuestas. Los países que optaron por la salida excepcional terminaron en revoluciones o en el encumbramiento de proyectos bolivarianos como el chavismo.

El haberse aferrado al cronograma constitucional, de una u otra manera, evitará los saltos al vacío y posibilitará la reforma del sistema institucional y la corrección de todos los excesos que se han cometido como respuesta a la feroz polarización política de las últimas tres décadas.