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Sobre los alcances de la posible extradición de Belaúnde Lossio de Bolivia.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia acaba de disponer la detención preventiva con fines de extradición de Martín Belaunde Lossio para que “no se fugue del país altiplánico”. La noticia en el Perú podría causar la impresión de que la justicia peruana le ha ajustado las tuercas al prófugo empresario y amigo de la pareja presidencial. La sensación de que los hechos de la Centralita de Ancash y los suculentos contratos de Antalsis, empresa a la que se vincula a Belaunde Lossio, ahora sí serán aclarados se acrecenterá. Sin embargo, como se dice, del dicho al hecho existe mucho trecho.
Como Belaunde Lossio ha solicitado refugio político a la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) del país altiplánico, él estará detenido por 120 días, mientras la mencionada entidad resuelve su situación. En ese tiempo el gobierno peruano reunirá pruebas suficientes y armará los expedientes para solicitar la extradición del prófugo empresario. La detención misma de Belaunde Lossio se explica porque el Ministerio Público pidió a la Cancillería plantear la detención preventiva con fines de extradición. No obstante, aquí estaría la jugada maestra.
De producirse la extradición Belaunde Lossio no podría ser procesado en el Perú por los delitos de corrupción vinculados a Antalsis, porque la legislación penal nacional es la única que considera la posibilidad de procesar a un privado por peculado. En todas las legislaciones del mundo este delito se le imputa exclusivamente a un funcionario público. De esta manera, como en los sistemas de defensa siciliana del ajedrez, la fuga a Bolivia se convertiría en el escape perfecto que le permitiría al amigo de la pareja presidencial salirse con la suya. Es decir, Belaunde Lossio saldría biel librado si la Conare le otorga la condición de refugiado, pero tampoco le iría mal si lo extraditan.
Si las cosas van por la extradicción, Belaunde Lossio solo podría ser procesado por el caso La Centralita de Ancash, pero en este asunto las imputaciones en su contra son demasiadas gaseosas. La acusación de crear una empresa para planear operaciones contra los rivales de César Alvarez, ex presidente de la región Ancash, al parecer, no tendría la solidez para una condena.
En este contexto, la única posibilidad de que Belaunde Lossio sea juzgado por los casos de corrupción vinculados a Antalsis residiría en que el gobierno boliviano expulse al prófugo empresario. Pero, ¿por qué habría de hacerlo? Si cada hecho de la ahora sí cinematográfica fuga de Belaunde Lossio parece haber sido planeado por un equipo en el que se comprometió a todos las entidades del Estado peruano encargadas de capturarlo, empezando por el incontinente ministro del Interior, Daniel Urresti.
Si las cosas están así, entonces, lo más seguro es que la oposición vire sus reflectores a los actores de este escape perfecto. No solo la cabeza de Urresti penderá de un delgado hilo en el Congreso, sino que las preguntas acerca de si hubo acuerdo entre los gobierno peruano y boliviano que facilitara esta fuga perfecta se multiplicarán de aquí para allá.
El desenlace de este culebrón de Belaunde Lossio parece cantado. El hombre será extraditado y Humala dejará en claro que “su gobierno no se casa con nadie” y que allí está detenido el prófugo. Urresti volverá a acusar a Alan García y Keiko Fujimori de haber propiciado el escape perfecto y el gobierno de la perpetua polarización que desarrolló la hazaña de apagar la estrella de América Latina y hundirnos en la desaceleración seguirá planeando su próximo ataque a la oposición. Desde que el nacionalismo asumió el poder no hay día, ni hora, ni minuto, en que no se piense en la próxima agresión.
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