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¿Por qué el silencio de radicales ante daño ambiental de Petroperú?
La protección del medio ambiente es una causa tan noble y justa, que nadie tiene derecho a utilizarla con fines políticos. Esta reflexión viene a propósito del desinterés que muestran los ecologistas radicales ante el derrame de petróleo registrado hace poco en el Tramo I del Oleoducto Norperuano, cerca de la comunidad nativa de Cuminico, en Loreto, por responsabilidad de la empresa estatal Petroperú. Se han quedado callados o apenas han susurrado, en contraste con el bullicio enorme que suelen hacer para oponerse sin base a cualquier proyecto extractivo privado. Con semejante actitud, los ecologistas radicales nos demuestran que, en realidad, ellos apuntan a dinamitar la inversión privada en nuestros recursos naturales, porque se trata de uno de los pilares de la economía de mercado. Todo parece quedar claro: no interesa la ecología sino el cambio de modelo. Si el causante del derrame en la selva hubiese sido una compañía privada, ¿cuántas portadas se habrían editado de los medios de izquierda? ¿El silencio tiene que ver con la apuesta de convertir a Petroperú en una renovada empresa estratégica en combustibles? (léase Modernización de Refinería de Talara) El derrame de crudo se inició hace más de diez días y según Petroperú ya ha sido controlado. No obstante falta conocer el informe oficial del equipo de cuatro funcionarios de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que viajó de Lima al lugar del incidente para supervisar la ejecución del plan de contingencia que se ha puesto en marcha para controlar el problema. De fuentes oficiales se sabe que el crudo derramado se ha esparcido sobre unos 20,000 metros cuadrados de la selva, en dirección hacia el río Cuminico, afluente del Marañón, afectando las tierras de esa comunidad. El problema es grave. Se está tratando de que el petróleo no llegue al río, y se les ha llevado agua, alimentos y atención médica a los comuneros damnificados por el daño ambiental. Además de la OEFA, también se ha movilizado la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, que debería denunciar a los responsables de lo sucedido. La pregunta es: ¿El Estado, a través de la OEFA, se fiscalizará y sancionará a sí mismo, o sea a Petroperú? ¿El Estado, a través del Ministerio Público, va a denunciarse a sí mismo por delitos ambientales? Ya lo veremos. En cualquier caso, los derrames son frecuentes en el oleoducto de la selva norte por dos motivos, según los expertos. Uno por presuntos sabotajes denunciados por la empresa Pluspetrol (30 del 2011 al 2014), que nadie quiere investigar. Y dos, por falta de un buen mantenimiento. Los especialistas dicen que la red de ductos requiere un mantenimiento especial porque transporta poco crudo y, además, éste es muy pesado. Mientras la selva colombiana produce un millón de barriles diarios de petróleo, la nuestra produce apenas 15,000, por falta de inversiones. El problema de fondo es que el oleoducto se rompe principalmente, porque está mal administrado y, como consecuencia, hay derrames periódicos en perjuicio de los habitantes de nuestra selva. Este tema, sin embargo, no parece estar en la agenda de los grupos ecologistas radicales. ¿Por qué la responsable es una empresa estatal? Pero si hubiese sido una compañía privada, ya nos imaginamos la enorme bulla y las presiones que estarían haciendo ahora mismo. ¿Alguien lo duda?
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