Detrás de la emergencia en Islay

Sobre el estado de excepción y la estrategia violentista de radicales antimineros.

La declaratoria del estado de emergencia en Islay, que suspende algunos derechos consagrados en la Carta Política, representa una clara derrota de las fuerzas civiles y democráticas ante las estrategias del radicalismo antiminero.

Semejante medida de excepción revela que el gobierno y los partidos democráticos han fracasado en construir un sentido común popular en Islay a favor de la inversión en recursos naturales y del modelo económico que ha reducido la pobreza como nunca antes en nuestra historia. Las mentiras y los psicosociales del radicalismo antiminero empataron con amplios sectores de la población ante el fracaso del estado y la frivolidad de los partidos democráticos.

Si sumamos el Arequipazo, el Baguazo, el Congazo y ahora el Tíamariazo, entonces, se puede afirmar que el radicalismo antiminero está logrando lo que nunca podría conseguir a través de las urnas: paralizar el crecimiento y poner al borde del abismo el modelo. Al profundizarse la desaceleración retornarán con extremada fuerza el populismo y los estatismos. El único responsable de esta situación es la falta de política democrática en las provincias. ¿Dónde están los llamados partidos?

El estado de emergencia en Islay –salvando las distancias-, de una u otra manera, nos recuerda el fracaso de los civiles en los ochenta cuando renunciaron a enfrentar la ofensiva del terrorismo colectivista. Al final, ante el fracaso de los demócratas, los militares ingresaron a conjurar la amenaza maoísta, pero luego la democracia fue fagocitada por el autoritarismo.

Cuando en el Perú se frustra una gran inversión, no “se bloquea a una transnacional chupasangre y contaminadora”, como suele demonizar el radicalismo, sino que se le resta oxígeno al crecimiento económico que ha ensanchado las clases medias y es la única explicación razonable de la continuidad democrática del país: tres elecciones sin interrupciones a pesar del fracaso total de los partidos.

Una de las claves de la estrategia del radicalismo es la legitimación de métodos pre-insurreccionales de lucha: bloqueos de carreteras y puentes, ataques a la infraestructura nacional, y ahora ataques con dinamita a los puestos policiales. Los sociólogos de izquierda solo mencionan el fracaso del estado y los errores de las empresas como las únicas causas del incremento de la violencia en Islay, pero se niegan a condenar el desarrollo de una estrategia violentista. Si alguien revisara en los documentos y diarios la manera cómo se reflexionaba en la izquierda sobre la violencia del colectivismo maoísta en los ochenta se percatará de que se están cometiendo los mismos yerros.

La emergencia en Islay nunca servirá para desarrollar el proyecto Tía María. En democracia eso no sucede. Solo una política democrática desde abajo puede cambiar las cosas. Pero sí puede servir para cortar la punta más tenebrosa de la estrategia radical antiminera: la voluntad de legitimar la violencia pre-insurreccional, sin la cual no se podría jaquear al Estado.

La única manera de destrozar ese lado tenebroso es mediante la actuación de los fiscales y los jueces de acuerdo a la Constitución y las leyes. A nuestro entender debe gestarse un amplio clamor nacional para que los magistrados procesen y encarcelen a todos los radicales que han transgredido la legalidad. De lo contrario, la estrategia radical se legitimará. Todos aceptamos el debate sobre los temas ambientales porque es parte del juego democrático, pero ningún peruano debe tolerar el pago de cupos o los dinamitazos en la comisaría del barrio por quienes no quieren dialogar.