Definiendo a la ultra en la democracia

De un tiempo a esta parte el progresismo, muy influyente en los grandes medios de comunicación, suele calificar de “ultraderecha” a los movimientos de la nueva derecha que comienza a ganar elecciones o a crecer electoralmente ante el fracaso y el desgobierno que suelen desatar las izquierdas en el poder. Ejemplos muy gráficos de esta situación son los calificativos de ultraderecha para José Antonio Kast, líder del Partido Republicano de Chile, que acaba de ganar las últimas elecciones en el sur. En el caso de Europa el partido Vox de España, de Santiago Abascal, y los Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, suelen ser señalados como movimientos de ultraderecha e, incluso, fascistas.

A nuestro entender las corrientes comunistas, progresistas y de diversos sectores de izquierda utilizan estos calificativos como parte de “la guerra del lenguaje”, uno de los aspectos decisivos de cualquier estrategia de poder. Una de las cosas más sorprendentes del progresismo es que pueden calificar al Gobierno de Gabriel Boric y a los partidos que redactaron un proyecto de constitución soviética en Chile como sectores de izquierda y centro izquierda. Algo parecido sucede con los calificativos de "izquierda democrática" al movimiento comunista de Podemos de España y las alas más radicales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Creemos que lo ultra corresponde al movimiento que –aceptando una Constitución, unas reglas democráticas y el Estado de derecho de una determinada sociedad– participa en los procesos electorales y busca llegar al poder para subvertir el orden existente. Es decir, para poner en pausa el Estado de derecho en general. Esa es la situación de todos los movimientos de izquierda y progresistas que en América Latina llegan al poder mediante elecciones e instalan una asamblea constituyente con el objeto de redactar una constitución anticapitalista y perpetuar en el poder al caudillo de turno. Semejante proceso se ha presentado en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile y Perú. En los últimos dos países los proyectos no prosperaron.

Es evidente entonces que lo único ultra en la región es la ultraizquierda alineada al eje bolivariano, porque utiliza el Estado de derecho para llegar al poder y luego hacerlo volar por los aires con la constituyente. Cuando las izquierdas españolas pretenden acabar con el sistema de monarquía constitucional e instaurar “una república”, igualmente representan a la ultraizquierda. 

No es posible calificar con el concepto de ultraderecha a movimientos de la nueva derecha o corrientes conservadores que solo llegan al poder para, precisamente, conservar en extremo el Estado de derecho. Imposible. Estamos ante una aporía en términos aristotélicos, o simplemente ante un oxímoron.

¿Por qué la ultraizquierda es la principal amenaza a la libertad? Las ultraizquierdas en América Latina y Europa al pretender poner en pausa el Estado de derecho se convierten en la fuente de todas las formas de totalitarismos. El debate con ellos no es que pretendan redactar una nueva Constitución. Finalmente, todas las constituciones democráticas contemplan mecanismos de enmiendas, reformas parciales e incluso totales de la Carta Política, pero con el absoluto respeto de los procedimientos establecidos en el texto constitucional que se pretende reformar.

El respeto a los mecanismos de reforma total o parcial de la Constitución es lo que evita que se derogue el Estado de derecho y se entregue el sistema a una asamblea con poder total. En ese sentido, el Estado de derecho es más que el propio texto constitucional: es el proceso y desarrollo de las instituciones (Ejecutivo, Congreso, Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Ministerio Público, entre otros) actuando institucionalmente, controlando el poder y materializando el Estado de derecho y el equilibrio de poderes.

En otras palabras, en una democracia cuando se ha organizado el Estado de derecho –es decir, el sistema de instituciones que controla el poder–, nunca se deroga el Estado de derecho para trasladar el poder a una asamblea constituyente de unas decenas de asambleístas, que se convierten en dioses mortales que deciden sobre la libertad y la propiedad de millones de ciudadanos.

Por todas estas consideraciones, es hora de empezar a reflexionar si el sistema democrático debe tolerar a movimientos que buscan constituyentes al margen de la Constitución y el Estado de derecho.