¿Cambio total o parcial del Gabinete?

Uno de los méritos del Gobierno de Dina Boluarte y la gestión de Alberto Otárola en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es haber mantenido la institucionalidad democrática a pesar del golpe fallido de Pedro Castillo, las olas de violencia insurreccionales del verano pasado y la irresponsable campaña del progresismo por adelantar las elecciones, como si el sistema republicano fuese una federación universitaria. Es evidente que la mayoría del Congreso también jugó un papel decisivo en la preservación del sistema democrático.

Sin embargo, el Gobierno de Boluarte, como continuidad y ruptura del de Castillo, tenía que demostrar sus límites. Y las limitaciones ya se notan al primer golpe de vista: la recesión de la economía, el desborde de la criminalidad y la imposibilidad de iniciar la reforma de un Estado burocrático, que se ha convertido en el peor enemigo de la sociedad.

El objetivo de todos los peruanos de buena voluntad –excepto el de las corrientes comunistas y progresistas– es garantizar el periodo constitucional y las elecciones nacionales del 2026, pero todo estará en peligro si persisten la recesión, que aumenta pobreza, y la ola criminal que amenaza la vida, la salud y la economía de los peruanos. 

En ese sentido, la Constitución establece que los ministros asumen la responsabilidad política frente a los impasses políticos para proteger la figura del jefe de Estado. De allí que la designación de Javier González Olaechea como nuevo ministro de Relaciones Exteriores es una buena noticia para el país, sobre todo considerando sus calidades académicas y el escándalo del reciente viaje de la presidente Boluarte. Sin embargo,  el descrédito del Ejecutivo y de la propia figura presidencial, que se registra en las encuestas, obliga a formular diversas interrogantes. ¿Acaso no ha llegado la hora de pensar en un cambio parcial o, en su defecto, de un cambio general del Consejo de Ministros? La pregunta es válida y debe ser parte del análisis político.

La renuncia de Ana Gervasi a la Cancillería de la República, por el viaje de la jefe de Estado y la fallida reunión con el presidente Joe Biden, es el gran campanazo que nos notifica del agotamiento del actual Gabinete. En ese contexto,  un cambio total o parcial de Gabinete debe identificarse con el relanzamiento del crecimiento y de la inversión privada con el objeto de generar empleo y evitar que la pobreza aumente. ¿No se necesita entonces un nuevo ministro de Economía y Finanzas? ¿No se necesita un Gabinete que lidere el relanzamiento de inversiones emblemáticas como el proyecto minero Tía María, Majes Siguas II y los proyectos mineros de Cajamarca?

Los ministros de un régimen que defiende la Constitución y la institucionalidad, ¿no deberían estar liderando proyectos en el Congreso que reestablezcan la confianza de los mercados y la inversión privada en el país? Por ejemplo, la derogatoria de los decretos laborales de Castillo, que promueven la sindicalización artificial y la guerra de clases entre empresarios y trabajadores; y por otro lado, el restablecimiento de la Ley de promoción Agraria para relanzar la agroexportación.

Igualmente, el sector Interior debe convertirse en el espacio de convergencia de las fuerzas de la seguridad del Estado y las organizaciones de la sociedad para reunir inteligencia y proceder a desmantelar las bandas criminales que pretenden crear zonas liberadas de la Constitución y la autoridad en las ciudades. En los años ochenta, la alianza entre las sociedades campesinas y el Estado derrotó el terrorismo senderista, uno de los más letales del planeta. Salvando las distancias con el actual fenómeno, esa misma voluntad y estrategia debe servir para desmantelar a las bandas criminales que asuelan en el país.

Sin embargo, para enfrentar la recesión de la economía y la ola criminal, el Gabinete debe ejercer un liderazgo sobre la sociedad y desarrollar un predicamento que convoque y movilice. Y allí está el problema y la pregunta. Es, pues, hora de cambios en el Consejo de Ministros.