Antimineros se repliegan en las Bambas

Las Bambas vuelve a operar con normalidad. Hace más de una semana, aduciendo demandas no atendidas, un reducido grupo de comuneros, instigados por supuestos “dirigentes”, tomaron el corredor vial Arequipa-Apurímac-Cusco y destruyeron la pista en varios sectores para evitar que los camiones que transportan minerales transiten por ahí. El estado de emergencia en el corredor ha permitido el desbloqueo de la vía, por lo que el piquete de antimineros se ha replegado al distrito de Velille (Chumbivilcas, Cusco). El orden público se ha restablecido después de las manifestaciones violentas protagonizadas por los antimineros extremistas que pretendieron paralizar la producción de cobre de Las Bambas (Apurímac).

Las demandas de los comuneros ya han sido atendidas por la minera. Todo comenzó en el 2015, cuando los comuneros fueron ubicados de manera voluntaria en la Nueva Fuerabamba, ciudadela construida por la concesionaria del proyecto La Bambas, Minerals and Metals Group (MMG). Mediante permuta, cada comunero recibió en promedio S/ 400,000 y fueron reasentados en las viviendas diseñadas con todas las comodidades, además de todos los servicios correspondientes.

Fue entonces que los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo se constituyeron como asesores legales de la comunidad, dedicándose a crear conflictos artificiales (sociales y ambientales) y promover la violencia. En primer lugar, cuestionaron los pagos que recibieron los comuneros por el reasentamiento en la nueva Fuerabamba. En segundo lugar, instigaron a algunos comuneros a pretender cobrar “peaje” por el uso de la vía declarada nacional, no obstante que ya había acuerdos en sentido contrario. Como se aprecia, los hermanos Chávez son los principales promotores de la violencia y el caos alrededor de este megaproyecto minero, de las demandas irracionales y de la radicalización de los reclamos. ¿Por qué el Ministerio Público, el Poder Judicial y la policía no toman cartas en el asunto?

Mientras el círculo antiminero intenta detener el 60% de producción de cobre del país, que proviene del corredor minero del sur, ningún político se ha pronunciado sobre la destrucción de la propiedad pública y la violencia que acompaña a las supuestas demandas de la población. La extrema izquierda continúa tratando de mangonear en los poblados de la serranía, sin que los principales líderes políticos del país desarrollen una defensa cerrada ni exijan al Estado seguridad para las inversiones mineras, que son el principal motor de la economía del país.

En Apurímac el incremento del canon ha permitido en los últimos 11 años el crecimiento del presupuesto público per cápita a 2.5 veces más que el promedio nacional, lo que ha permitido una reducción notable de la pobreza, el desempleo y la informalidad. El incremento del 16% del Producto Bruto Interno (PBI) de esta región, calculado por Macroconsult en el periodo 2017-2018, estaría en peligro de persistir las actividades antimineras lideradas por los hermanos Chávez, dueños de un largo historial de violencia. Frank tiene una prisión suspendida de tres años por adulterar documentos. Y ambos hermanos comparten denuncias por organización criminal, extorsión, resistencia a la autoridad, estafa, falsificación de actas y actos violentos.

En ese sentido, saludamos el estado de emergencia declarado por el Gobierno, aunque de manera tardía, que ha permitido imponer el orden donde hubo abandono y violencia extrema. El antiminero ideologizado debe saber que su estrategia antiperuana ha sido descubierta. Es conocido que estos radicales responden a interés extranjeros organizados por medio de diversas ONG (que defienden los intereses de sus donantes internacionales), y que además cobran fuertes comisiones a sus “representados”. Por eso, se inflan las demandas económicas de los pobladores comuneros para cobrar más. ¿O no?