Antiminería continúa manipulando

El radicalismo antiminero y su pertinaz lucha contra el crecimiento económico y desarrollo social tienen mapeado al territorio nacional en función a las concesiones mineras otorgadas por el Estado. De acuerdo a un Reporte 2017 auspiciado por la ONG ambientalista CooperAcción —vinculada a la ONG británica Oxfam— el 14.07% de la superficie continental peruana se encuentra habilitada para realizar actividades mineras.

En el mencionado reporte se afirma que el 37.87% de todo el territorio de las comunidades campesinas ha sido concesionado, situación que provocaría —según los autores del Reporte— “superposición de derechos y conflictividad en los usos del territorio”. Asimismo, el reporte indica que el 56.26% de las concesiones se encuentran “en rangos mayores” a los 3,000 metros sobre el nivel del mar y el 35% se encuentra encima de 4,000 m.s.n.m. ¿Cuál es el objetivo de toda esta información? A nuestro entender, no es otra cosa que un señalamiento en contra de las actividades mineras que —según la izquierda ambientalista— estarían ocupando territorios de comunidades campesinas y áreas protegidas, denominadas “nacientes de cuencas” (por encima de los 3,000 m.s.n.m.).

El documento pretende fortalecer la narrativa antiminera que sustenta la Ley N° 30640 sobre las denominadas “cabeceras de cuenca”—que modifica la Ley de Recursos Hídricos—, presentada por iniciativa de Marco Arana y que establece la posibilidad de prohibir las inversiones mineras por encima de los 3,000 m.s.n.m. Como se sabe, la mayoría se proyectos de cobre del Perú están en la señalada altitud. El objetivo del proyecto es claro: terminar con la producción de cobre del Perú para favorecer a los grandes comercializadores del metal rojo. Siempre vale recordar que para cosechar agua para el consumo humano y la agricultura, el Perú tiene que invertir en represas y reservorios porque el agua solo proviene de una fuente: las lluvias. Los antimineros han inventado el muñeco de la cabecera de cuenca.

No es necesario ser adivino para reconocer la intención del mencionado reporte, que será utilizado como si fuera un documento sacrosanto por las diversas federaciones, frentes y comités de lucha que pretenden impedir el desarrollo de la minería moderna y responsable del país. En ese documento se señala que “la importancia de analizar las concesiones mineras con estos rangos de altitud, radica en que nos permite advertir la amenaza que representa la posible extracción de minerales en estos espacios pues, aparte de ser cabeceras de cuenca, concentran una serie de ecosistemas de importancia hídrica que provisionan, regulan y recargan las principales fuentes de agua para la población asentada en las partes más bajas del territorio”. El texto claramente pretende soliviantar a los pobladores de las comunidades campesinas en contra de las inversiones mineras que promueven bienestar en los poblados andinos.

Los antimineros sostienen que las nacientes hídricas de una red hidrográfica se inician por encima de los 3,000 msnm y, por tanto, son zonas vulnerables que deben ser protegidas. No reconocen que, por simple observación, las denominadas nacientes de agua provienen de las lluvias. Fernando Cillóniz, gobernador de la región Ica, sostiene con la autoridad de un hombre formado en el campo agrícola que el “el ciclo del agua es integral y continuo, que es un elemento que proviene de las lluvias”. Los antimineros no procesan de manera racional la importancia de construir reservorios, diques y canales para aprovechar las aguas provenientes de las lluvias, aguas aprovechadas por la agricultura y ganadería. Según informes de diversas instituciones, la minería solo utiliza el 1% del agua disponible en el país.

Queda claro, entonces, que el ambientalismo ideológico y la izquierda radical antisistema son un solo puño antiprogreso con el mismo objetivo: impedir el retroceso de la pobreza. Si no hay inversiones no hay trabajo, y así los pobres siguen condenados al olvido y abandono.