¡Anarquía, días antes de las elecciones generales! ¡Difícil de creer!

La huelga de transportes, la incapacidad del Ejecutivo de plantear una respuesta mínima ante el avance de la pandemia, el colapso del sistema hospitalario y la alta letalidad simplemente dibujan la imagen de un país desorganizado, sin autoridad, sin Estado. O sumido en una anarquía extremadamente peligrosa, a semanas de las elecciones generales.

A estas alturas la única explicación de este desmadre nacional es la ineficiencia superlativa de la administración Sagasti, un Ejecutivo que prioriza los objetivos ideológicos antes que la realidad y los intereses de los peruanos.

El Perú está paralizado por una huelga general de transportistas de carga, originada por la imprevisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante hechos conocidos desde el año pasado: el incremento del precio del petróleo en 50% durante el 2020. Y en la medida que Petroperú, la Refinería La Pampilla y Valero Energy, importan petróleo y abastecen el mercado nacional de combustibles, el sector Economía debió más que prever la situación explosiva que se fermentaba.

La recesión –que ha desatado una quiebra masiva de empresas– también ha afectado a los transportistas de carga. Si el precio internacional del petróleo se iba a trasladar a los precios internos de los combustibles –en base a la banda de precios establecidos por Osinergmin–, ¿por qué el Ejecutivo no previó un “plan reactiva” especial para los transportistas? La quiebra de empresas y el incremento de los precios de los combustibles llevan a cualquiera a la desesperación.

De allí que los transportistas hoy exigen eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), una amnistía general de papeletas, la reducción de los precios de los combustibles y la eliminación de los peajes de Chiclayo y Piura. Dialogar sobre la reducción o eventuales devoluciones del ISC al diésel es absolutamente posible porque apenas representa el 1% de la recaudación general. Una amnistía de papeletas, luego de que la administración Vizcarra destruyera la economía nacional, también parece posible de conversar. Sin embargo, los precios de los combustibles dependen del mercado internacional, y los peajes se basan en contratos consagrados por la Constitución y las leyes nacionales.

En cualquier caso, el Ejecutivo debe restablecer el libre tránsito de las carreteras porque los bloqueos amenazan con desabastecer a las ciudades, impiden el tránsito de oxígeno para enfermos graves de Covid y agravan la tragedia que causa la pandemia. 

El gran problema de la administración Sagasti es que no solo se trata de la improvisación del MEF frente al tema de los combustibles, sino que se ha pulverizado cualquier principio de autoridad con el descabezamiento arbitrario de 18 oficiales generales de la policía nacional del Perú (PNP) y el respaldo a la campaña de la izquierda que demoniza a la PNP. Luego de haber visto que minorías radicalizadas de menos de 3,000 personas ponían de rodillas al Ejecutivo, logrando la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, ¿qué posibilidades tiene la administración Sagasti de restaurar el orden público?

Pero no solo se trata de las incompetencias del Ejecutivo. La mesa directiva del Congreso –conducida por el Frente Amplio– también contribuye al desarrollo de la anarquía. Se acaba de tramitar la discusión en el pleno de un proyecto de ley que estatiza las plantas de oxígeno, algo que va en contra de la Constitución y las leyes nacionales. Y en contra también de la abrumadora realidad, que nos revela que la falta de oxígeno y las miles de muertes en el país por el Covid solo tienen un responsable: el Estado fallido, conducido por la burocracia colectivista.

A semanas de las elecciones generales y en medio de la tragedia nacional por el avance de la pandemia y la alta letalidad, la anarquía y la desorganización del país solo se pueden explicar por la incompetencia del Partido Morado, el Frente Amplio y la administración Sagasti. En medio de esta situación comienzan a desarrollarse teorías conspirativas que señalan que estos hechos se suceden porque algunos sectores del país –vinculados al Foro de Sao Paulo– pretenden generalizar el caos con tal de enrarecer las elecciones nacionales y permanecer en el poder sin haber ganado elecciones.