Manuel Gago
Vizcarra contra la Constitución
Busca enfrentar a los peruanos
El control de la seguridad del país es abandonado por el presidente de la República, Martín Vizcarra. En Arequipa, los padres de familia se enfrentan a los vándalos encapuchados que apedrean a los escolares y profesores que han reiniciado las clases durante el paro indefinido (más de 50 días) contra el proyecto Tía María. Los vándalos han establecido “peajes” en los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia. Nadie transita por las calles bloqueadas sin antes pagar un cupo al vandalismo.
En el Marañón, 2,000 trabajadores son retenidos por los comuneros que han tomado el aeropuerto de Andoas. Asesores vinculados a ONG marxistas y personal de los ministerios azuzan a los pobladores en contra de las petroleras, las autoridades y el Estado de derecho. ¿Estas son manifestaciones aisladas o responden a una estrategia de desborde popular?
Vizcarra y ciertos medios de comunicación han olvidado la historia nacional reciente: 12 años de dictadura socialista (1968-1980) y después más de 12 años de terrorismo maoísta. El resultado de todo esto es la huida del país de más de tres millones de jóvenes, como ahora lo hacen los venezolanos escapando del comunismo chavista.
La izquierda antisistema pretende introducir en el país una nueva Constitución para extender la pobreza de la población e instalar un Estado totalitario, con el cuento de que el “sistema neoliberal ha fracasado”. La izquierda antimercado planea borrar el capítulo económico de la Carta Magna de 1993, que hizo posible la reducción de la pobreza de la población del 60% al 20%. Es la misma izquierda que plantea, junto con Vizcarra, una nueva ley general de minería para pulverizar el canon y espantar a las inversiones de talla mundial para imponer actividades mineras estatales.
Vizcarra insiste en adelantar las elecciones. Las especulaciones aumentan sobre cómo reaccionará el presidente cuando el Congreso de la República archive su proyecto anticonstitucional, porque los plazos democráticos se respetan. Antes de la marcha por el cierre del Congreso, del 5 de setiembre, ciertos medios y analistas señalaban que la decisión estaba en la calle. La calle es una suma de senderismo, lumpen, clases medias a punto de volverse pobres, pulpines manipulables, veletas y antifujimoristas y antiapristas con quienes no hay manera de entenderse.
Por la pobre convocatoria de ese día, ahora sabemos que la calle no es vizcarrista y no pondrá las manos al fuego por un presidente investigado en el Ministerio Público (por los casos Chinchero y Connirsa). La empresa CyM Vizcarra habría sido proveedora del consorcio integrado por las constructoras Odebrecht, Graña y Montero, JJC e ICCGSA en la construcción de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.
Si Vizcarra se decide por la fórmula anticonstitucional, cerrando el Congreso, la economía nacional se estancará. La gente continuará dejando de pagar sus acreencias para guardar pan para mayo, para protegerse esperando la época de las vacas flacas. En este escenario de probable interrupción constitucional, los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas deliberan y, como debe ser, se ponen del lado de la Constitución. Por su lado, el fiscal Domingo Pérez se victimiza y acusa al grupo “la resistencia” y magnifica sus actos públicos. Con esto, los medios dedicados a magnificar la popularidad de Vizcarra, tienen cómo llenar sus espacios dedicados al antifujimorismo y antiaprismo para acumular fuerzas antisistema.
El mandatario moqueguano ha fracasado en todos los extremos como presidente. Vive una realidad distinta al Perú de los pobres e informales (75% de la PEA). Vizcarra está en el “mejor de los mundos”, incrementando el gasto del Estado en consultorías, publicidad, viajes, mandiles rosados y eventos intrascendentes. Abdica de su responsabilidad de gobernar y se aleja de la Constitución que juró obedecer. Se dedicado en cuerpo y alma a la guerra política y a torcer la realidad.
Vizcarra, amparado en una popularidad ficticia pero ruidosa, puede llevar al país a un despeñadero del que nos costará salir. Aún puede rectificarse y emprender las reformas económicas, laborales, educativas y de Estado que verdaderamente necesita el país. El Perú le agradecerá o lo condenará por siempre.
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