Tribunal Constitucional da esperanzas al país

Comunistas y progresistas cosechan su largo andar. Veinte años han sido suficientes para minar las bases enclenques de la institucionalidad nacional y los paupérrimos valores democráticos de la población. 

Paso a paso, con determinación férrea, capturaron el Poder Judicial y el Ministerio Público. Talleres de capacitación, conferencias y otras formas de penetración ideológica desarrollados por diversas oenegés sirvieron para lavar muchos cerebros; no fueron otra cosa que adoctrinamiento solapado. Que un juez se burle de la jerarquía jurídica, desobedeciendo una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que reafirma el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, pinta de cuerpo entero al sistema judicial.

Sin embargo, para la vergüenza de ese juez, el TC le ha llamado severamente la atención. Pensó que no le pasaría nada, que es dueño del despacho otorgado para desde allí socavar el sistema democrático. Y no le pasaría nada porque los partidos políticos, medios de comunicación, empresarios y la misma población fueron mediatizados, ganados por los relatos socialistas.

Pero la anarquía, que ganaba espacios, tiene límites. El proceso de destrucción social, económica y política que avanzaba inexorablemente, llegará a su fin. No obstante, no hay, no se ve ni asoma un liderazgo político capaz de detener el deterioro del país. 

Poco después de la victoria contra Sendero Luminoso –luego de la captura de Abimael Guzmán y de su cúpula criminal– se creyó que el camino hacia la paz y prosperidad estaba sellado. Hasta los políticos más duchos opuestos al socialismo se embarcaron en campañas por popularidad y votos. Abandonaron la dinámica partidaria y la esencia de su existencia: promover pensamientos democráticos y libertarios y la defensa de la inversión privada. Centristas y derechistas no sospechaban que el germen extremista había sido inoculado largamente en colegios y universidades.

Capturados el Poder Judicial, Ministerio Público y muchos medios de comunicación por los progresistas y socialistas, el siguiente paso era anular a los opositores de la manera más vil: inventarles delitos para encarcelarlos. El mejor ejemplo fue la sentencia contra Alberto Fujimori por los casos la Cantuta y Barrios Altos, sentencia preparada antes del inicio del juicio. No habiendo caso jurídico, los enemigos de Fujimori inventaron la autoría mediata. Sus pares de la CIDH todavía insisten en delitos de lesa humanidad cometidos. Y así, abonando el desconcierto, resulta preocupante la inacción de la presidenta Dina Boluarte, su ministro del Interior y los generales de la PNP.

Lo sucedido en la mina Poderosa era previsible. El plan del extremismo no es otro que apropiarse de territorios de concesiones mineras para organizar la llamada minería artesanal, con el fin de socavar a la minera legalmente constituida. Al agotarse el cuento de la contaminación ambiental provocada –según los antimineros– por la minería moderna y responsable, los comunistas cambiaron de estrategia. Ahora crean federaciones de mineros artesanales, así como las rondas campesinas y urbanas necesarias para “mantener a raya” a sus opositores. 

Aún cuando el TC se puso firme con su reciente resolución sobre la libertad de Fujimori, la viabilidad del Estado de derecho peligra. Los sucesos contra la sociedad, política e inversiones no son hechos aislados. Existe un titiritero. Las acusaciones contra Patricia Benavides, Fiscal de Nación, pueden retirarla del cargo. Es una patraña destinada a otorgar impunidad a los compinches de las constructoras mafiosas, de Martín Vizcarra y de los visitantes frecuentes de la casa de Sarratea (Breña) durante la gestión de Pedro Castillo. 

La destrucción de la meritocracia en la escuela pública, con el retorno a los colegios de los profesores que se negaron a participar de la evaluación de méritos, es también parte de ese plan de destrucción nacional. En este contexto de perturbación constante, aplausos para el Tribunal Constitucional. Le da esperanzas al país.