No solo hay que ser honesto, sino también parecerlo

En los últimos días, un detalle, que podría ser calificado como un hecho frívolo, ha ocupado la atención de los medios de comunicación y, permitido que de alguna manera, pasen a segundo plano, temas de importantísimo interés y actualidad nacional, temas que siguen siendo grandes pendientes para el país, su desarrollo y el afianzamiento de nuestra tan frágil democracia: el avance incontrolable de la inseguridad, la inoperancia de algunos sectores del gobierno y la situación de los centros escolares a cargo de Ministerio de Educación que, en un altísimo porcentaje, están prácticamente en condición de ser declarados no aptos. Y también el asunto tremendo de los medicamentos genéricos, que afecta a muchísimos ciudadanos que ven su salud severamente afectada y una dolosa indolencia, y quizá una interesada pasividad al respecto, por parte de quienes tendrían que tomar cartas en el asunto de manera inmediata. 

En ese universo, surge el tema de la presidenta de la República luciendo ostentosamente un reloj cuyo valor hizo saltar todas las alarmas. No se cuestiona el derecho de una funcionaria pública a gozar de ciertos lujos, lo que está en discusión es la innecesaria pompa y alarde de quien debe, al ostentar la mayor dignidad y el más alto cargo de la República, tener la discreción y la prudencia como virtudes que se perciban, entre otras, en todo momento. Y también que se trate de un reloj de una marca, diseño y peculiaridades que se asocian a un producto que califica como bien suntuoso. 

Este asunto ha ido escalando fundamentalmente por el hecho de que no ha habido respuestas claras. Y en ese sentido, es necesario aclarar que en tanto no lleguen esas respuestas y aclaraciones, el tema va alcanzando “temperaturas” que podrían haberse evitado. Y que, sin duda alguna, opacan la preocupación por temas de mayor urgencia, sin que éste deje de serlo, aunque quien los motiva, podría haberlo evitado, mejor dicho, estaba en la obligación de haberlo evitado.

Si bien es cierto que a quien ejerce la presidencia de la República no se le denuncia como a cualquier ciudadano común, sí se le puede y debe investigar. Y si la Fiscalía de la Nación lo llegara a estimar, todo lo actuado sería elevado al Congreso de la República que, podría aprobar una denuncia constitucional y ello podría derivar en una acusación como etapa previa a la vacancia. Pero, el asunto que por ser no deseado, ya no es tan hipotético, ha ido escalando pues ante los hechos y los silencios, recientemente el Ministerio Público consideró necesario ahondar en este asunto.

El Fiscal de la Nación ha hecho llegar al presidente del Consejo de Ministros, quien días antes había indicado que era un tema personal de la señora Boluarte, sobre el que no se hablaría más, una comunicación pidiéndole información precisa sobre los ingresos de la presidenta de la República en los últimos años. Respecto a esa comunicación, debo decir que ha sido triste y curiosa la reacción del ministro Adrianzén, pues cuando la prensa se refirió a ello respondió con total falta de respeto y con una actitud burlona ante la solicitud formal recibida de la entidad que está en su derecho y obligación de preguntar e investigar. 

Repito e insisto en que el problema no está en que a la señora Boluarte le puedan gustar las joyas y los relojes, el problema y grave, a mi criterio, está en la ostentación y alarde de lo que se tiene, frente a los que otros no poseen, sobre todo cuando hablamos de son objetos y bienes de innecesario lujo y boato y que es precisamente lo que no deseamos como modelo y motivación de conducta en un país en el que la mayoría de sus ciudadanos vive con grandes carencias. Grave, también, que se haya omitido declarar esos bienes; grave es que se responda con desdén; grave es que actúe como si no hubiera transparencia.

Insisto en que muchas personas usan esas y otras joyas, pero solo una es la presidenta de la República, con un sueldo que no le permite, salvo mejor opinión, adquirir varios relojes de altísima gama y ella, como máxima autoridad y como mujer debería tener mayor sensibilidad y empatía para que su natural y posible derecho al lujo, no solo se de en el marco de la ley que es lo que está en cuestionamiento, sino que no se perciba como que se ostenta signos de lujo y riqueza ante un país en el que la pobreza es mayoritaria y lamentablemente creciente. 

Las investigaciones deben seguir su curso y es necesario saber no el chisme las teorías a veces disparatadas que se puedan tejer. La verdad es indispensable pues todos los ciudadanos debemos tener conciencia y estar seguros moral, ética y legalmente que todas las autoridades y especialmente quien tiene el honor y el privilegio de ser la primera mujer en ocupar el más alto rango de la jerarquía política y de gobierno, que no solo debe ser absolutamente honesta, sino escrupulosamente preocupada por parecerlo y demostrarlo. Esto me recuerda a un queridísimo profesor de la universidad, al doctor José Antonio del Busto, quien nos metió en el alma esta idea de la realidad y la percepción respecto a la honestidad. 

Es por ello que la presidenta, por su propio bien, por el bien del país y de la democracia, no debe dudar ni demorar en mostrar todos los documentos (no argumentos subjetivos ni emotivos ni mucho menos arrebatos de alguno de los ministros) que pudiera ser necesarios para explicar si fue una herencia, un regalo, de quién y por qué y cuándo; si lo compró ella, dónde, así como mostrar el documento de compra en el que ello conste; si fue adquirido para ella por otra persona, deberá indicarse en qué circunstancia y por qué y, si la adquisición fue realizada en el Perú o en el extranjero, por ella o por otra persona para ella, tendría que haberse declarado ante Sunat, por exceder el valor establecido para no haber incurrido en contrabando. Lamentablemente, cualquiera de estos casos tiene implicancias legales que, para que no se hagan más y más complejos, es mejor atender cuanto antes.

Adicionalmente, un abogado tributarista ha señalado con claridad meridiana los agravantes que podrían presentarse en cada una de estas circunstancias, añadiendo detalles que agravarían los hechos a lo que se añade, quizá, la omisión en la declaración jurada. El referido abogado señala, además que, si se tratara de una imitación, tendría que tenerse en cuenta que el Perú defiende los derechos de autor y de marca y que las autoridades están, como todos nosotros, obligados a cumplir esas leyes que están asociadas a convenios internacionales. 

Una vez más, se hace realidad la frase del Evangelio que dice: “solo la verdad os hará libres”. No dudo que este asunto, una vez esclarecido, permitirá que la presidenta, liberada de lo que este tema significa, pueda dedicar todo su tiempo, esmero y preocupación a que los grandes asuntos pendientes del país, sean atendidos con la prioridad y urgencia que merecen.