Maniobras populacheras

El presidente Martín Vizcarra fracasó en su intento de cerrar el Congreso de la República por medio de un proyecto inconstitucional de adelanto de elecciones. Con la propuesta, el mandatario le pedía al Congreso que se cerrará por sí mismo. No obstante, el primer ministro, Salvador del Solar, continúa haciendo el ridículo y pide fecha al Congreso para interponer cuestión de confianza sobre un asunto que no le compete al Ejecutivo y que además está archivado. Como pregunta el ex presidente del Congreso humalista, Daniel Abugattás: “¿Quién es el asno que orienta a Vizcarra?”. 

En simple: Vizcarra traiciona a sus seguidores. No cierra el Congreso por la falta de cojones, por no tener el respaldo de fuerzas institucionales (Ejército y Policía) para la aventura golpista. Las turbas virulentas dispuestas a quemar el Congreso no existen. La supuesta mayoría de las encuestadoras es una ilusión. Yeni Vilcatoma previene y acusa a Vizcarra en el Ministerio Público por conspirar contra el Estado. Si Vizcarra insiste en su ventolera dictatorial será llevado al banquillo de los acusados junto con sus ministros, cuando su “popularidad” se haga polvo.

En este escenario de confusión e incertidumbre, la periodista de “la hora estelar” de Canal N, pretendiendo azuzar, señaló que miles de personas se concentraban en contra del Congreso, después de conocer que la propuesta del mandatario, sobre el adelanto de elecciones, había sido archivada. Unos cientos de personas fueron los “miles de concentrados”. 

Lo más triste —por la investidura e irresponsabilidad— fue lo de la antifujimorista declarada Marianella Ledesma, magistrada del Tribunal Constitucional (TC). Según Ledesma, le han propuesto quedarse en el TC si resuelve la liberación de Keiko Fujimori. Con esto, la magistrada pierde seriedad y se pinta de cuerpo entero. La magistrada debió comunicar inmediatamente al país señalando a la persona que le hizo la propuesta indecente e ilegal. Ledesma es parte del complot en contra de la remoción de magistrados del TC, proceso pendiente desde junio del año pasado. La denuncia sin sustento de la antifujimorista es aprovechada por Vizcarra para su descarado plan de manipulación. 

Avivando el fuego en contra del Congreso, el vizcarrismo califica como “repartija” y selección exprés al proceso del nombramiento de los nuevos magistrados del TC. Según el reglamento del Congreso, la elección de los miembros del TC es con los votos de dos tercios de congresistas; es decir, 87. Conversar, dialogar, transar y negociar son sinónimos de “repartija” para la mayoría manipulada; porque la política sirve para la gobernabilidad, para los entendimientos. La violencia de la calle no puede sustituir a los consensos y acuerdos. 

En el país no hay política. Los caciques imponen. Por esto, para perpetuarse en el poder, Vizcarra —por intermedio de Del Solar— apela a la “conciencia cívica y patriotismo” después de fracasar con el adelanto de elecciones. La herencia perniciosa de doce años de dictadura militar sobrevive. Velasco pretendió aniquilar la libertad e individualidad de las personas. Los neomarxistas, por falta de votos, acuden a la democracia plebiscitaria y participativa, en lugar de acudir a la representativa y por elección libre. Para esto, la izquierda fomenta frentes de defensa, comités de lucha y colectivos ciudadanos de todo tipo. En este proceso de copamiento, Vizcarra es una pieza recambiable, coyuntural, de ocasión. 

Nada es gratis. Vizcarra presta su nombre y posición para librarse (por el momento) de los casos Chinchero y Conirsa; y más recientemente, por los S/ 6 millones recibidos por la empresa CYM Vizcarra de la municipalidad de Ilabaya por obras no ejecutadas. 

En este ambiente de desorden político propiciado por Vizcarra, el bufón insiste entreteniendo a las galerías desconcertadas. No se quedaron “con los brazos cruzados”. Casi en paralelo a la “cuestión de confianza” por la propuesta archivada de adelanto de elecciones, Vizcarra anuncia otra cuestión de confianza sobre la elección de los magistrados del TC. Otra maniobra política impertinente, sin sustento constitucional, populachera, porque la designación de los magistrados del TC es potestad del Congreso y no del Ejecutivo. 

Para vergüenza del gremio, el moqueguano no plantea —a pesar de ser ingeniero— proyectos hídricos, puentes, carreteras, túneles, ferrocarriles, expansión de territorios cultivables o tecnologías de comunicación. Plantea temas constitucionales que ignora totalmente, dejando al asno su voluntad.