La importancia de un buen contrato

El legado de los premios Nobel de Economía

Hace dos días la Academia Sueca entregó los premios Nobel de Economía a dos destacados investigadores, Oliver Hart y Bengt Holmström, por su contribución al estudio de la importancia del contrato en el desarrollo de una economía de mercado. El contrato, desde el punto de vista económico, es una herramienta fundamental para que las partes involucradas —esto es, el oferente del servicio y el demandante del mismo— alcancen los objetivos planteados. Y en esta línea se pueden generar múltiples ejemplos; pero permítanme tocar solo dos ejemplos vinculados a la prioridad de los temas que hoy son claves para el desarrollo económico de nuestro país.

El primer tema está relacionado con la corrupción generalizada que está enquistada en el aparato estatal y en las instituciones privadas. Hace unas semanas, en una reunión con representantes de empresas medianas que trabajan en regiones y que han tenido alguna relación con el Estado, estos se quejaban del “diezmo que se debía pagar” y de cómo este se había hecho parte del costo fijo para contratar con el Estado. En este escenario, se hace imposible no referirnos a los innumerables casos delincuenciales de los que hemos sido testigos en los últimos años.

Al respecto, es cierto que lo más importante es la motivación ética de las partes involucrada; esto es, que los valores inculcados sean lo suficientemente claros para evitar zonas grises. Pero también es válido afirmar que un contrato bien hecho, reduce sin duda los incentivos para realizar malos manejos, en la medida que obliga a transparentar la forma cómo se obtuvo el contrato y, lo más importante, alínea los objetivos del contratado con los del contratante.

Y aquí es donde resulta clave incluir un set de castigos lo suficientemente costosos en términos monetarios y de reputación, que reduzcan a cero cualquier motivación a hacer algo indebido. En el caso específico de los funcionarios públicos involucrados en hechos de corrupción, además de la muerte civil se hace necesario impulsar la acción civil y penal efectiva. Pero de la mano con una Contraloría mucho más activa, que realice acciones preventivas y cuente con mecanismos para “atrapar a los potenciales delincuentes” mediante procesos rápidos y efectivos.

El segundo tema se refiere a la forma de contratación del privado para que brinde servicios financiados por el Estado y referidos a la provisión de educación o salud. En este caso es evidente que tenemos serios problemas de oferta de infraestructura y recursos humanos. Es por ello que se debe separar la financiación de la provisión de la construcción y equipamiento de un hospital; y también se debe separar al proveedor, que en este caso es el Estado, del privado, encargado de la ejecución de la obra.

Pero aquí, además se requiere atender una necesidad urgente: que el contrato entre el hospital y el médico sea hecho para que el beneficiado sea el ciudadano. Y para ello hace falta que la opinión del paciente tenga peso y sea determinante para la renovación del contrato de un médico o una enfermera. Se trata en suma de que la teoría del voice and exit sea funcional. Esto significa no solo que se escuche la voz de la ciudadanía, sino que esta no esté dispersa y que tenga la capacidad de vetar a una mala empresa o a un mal servidor público.

Si nos animamos a movernos al sector privado, en el que en muchas áreas predominan los llamados contratos de adhesión, resulta claro que la reglamentación y supervisión de todo tipo de cláusulas abusivas sería más eficiente si el ciudadano que es víctima de ellas no tuviese que pasar por un largo trámite para probar la gravedad del problema. Par ello debería existir un canal en el que la denuncia se hiciera pública y activase no solo un resarcimiento inmediato del daño causado al denunciante, sino también una acción correctiva por parte de la empresa privada. Finalmente todas las empresas deberían ser escrupulosamente respetuosas de los derechos de sus contratante, en este caso lo millones de ciudadanos de a pie.

Hoy las tecnologías de información pueden convertirse en una herramienta efectiva para que se alineen los objetivos al momento de firmar un contrato y, con ello, el país gane como un todo. No más atropellos, no más incentivos para delinquir, no más ineficiencias. Un contrato bien hecho es lo mínimo que debemos exigir.

Giovanna Prialé Reyes