La delgada línea entre la ética y la legalidad

No cabe duda de que existe una delgada y a veces imperceptible línea que separa la legalidad de la ética; es decir, que muchos actos que pudieran ser legales están lejos de ser éticos y que, por lo tanto, carecen de moralidad y de valores principistas.

Creo que este es el caso de la desesperada pretensión del congresista Daniel Salaverry, quien ha hecho uso de una herramienta legal para esconder acciones carentes de ética. A él, se le enrostra falsedades en sus informes respecto a las acciones que supuestamente realizó durante la denominada “semana de representación”. Como se sabe, esta semana de representación, (además de costarle a todos los peruanos), significa que cada congresista debe encontrarse con sus electores, con las provincias y regiones de donde provienen, para estar en capacidad de representar auténticamente a quienes votaron por ellos, al conocer sus inquietudes, necesidades y propia realidad.

Salaverry, actual presidente del Congreso (cargo que, a mi criterio, no honra) emitió informes con datos falsos, y ello fue entendido como una causal de acusación por parte de la Comisión de Ética del Congreso que busca —o mejor dicho, debe buscar— que los congresistas tengan una conducta acorde con los valores de la institución a la que pertenecen, con las normas legales y con lo que ofrecieron a su población electoral. Dicho sea de paso, estimo que el transfuguismo, debería ser, también, materia de evaluación ética.

Al verse, realmente acorralado, Salaverry recurrió a una medida desesperada y presentó un recurso de amparo ante un juzgado en La Libertad. En toda la extensión del documento, que es sin duda legal, no hay referencia alguna al fondo de la cuestión —es decir, a la falsedad de la información presentada—, sino a las formas. Ya eso es síntoma de debilidad por parte del demandante, que tiene que recurrir a lo procesal porque se sabe carente de justificación de fondo.

En el recurso Salaverry señala que le han sido vulnerados algunos derechos constitucionales: a ser juzgado por una autoridad imparcial (es decir, que emite opinión y juicio sobre los integrantes de la mencionada Comisión); derecho a la defensa, con lo que pretendería señalar que en el Congreso (que él mismo preside), no existe (imagino que con su propia anuencia) la posibilidad de defenderse; el derecho al debido proceso, lo que puede entenderse como que al interior de la Comisión de Ética, y de todas las etapas a que las conclusiones de ese grupo pudieran conllevar, no se la ha permitido —no se le permitiría— defenderse, por eso solicita se considere el derecho a la dignidad humana. ¿Piensa usted, señor Salaverry, en a la fragilidad del hombre de a pie frente al sistema judicial y en quien no tiene, como en su caso, la fuerza de un cargo que debería honrar, el respaldo de cierta prensa y el acceso a abogados litigantes? ¿O no sabe lo vulnerados que están permanentemente esos derechos que usted reclama para sí?

Mal hace el señor Salaverry en usar acciones legales para ocultar casos de poca ética. Sus argumentos son deleznables y la debilidad de su reclamo (siendo legal) demuestra una carencia total de razones éticas, Todo ello lo pone en una condición frágil ante el juicio ciudadano y deteriora aún más la imagen que la población tiene del Congreso. Si bien debo decir que no todos los congresistas son iguales, se les juzga “colectivamente”, y eso hace daño a la institucionalidad y, por lo tanto, a la preservación del alicaído sistema democrático.

Si se comete un error, se reconoce; si hay una falta, se subsana. Y en cualquier caso, se asume la responsabilidad de los propios hechos. Pero recurrir a acciones judiciales por miedo y falta de valentía, aun antes de que la Comisión de Ética haya emitido opinión, habla muy mal de este personaje que desmerece la dignidad que ostenta.