El reciente sesgado informe de Amnistía Internacional sobre el Perú

Acaba de ser publicado el Informe de Amnistía Internacional –cuyo primer rastro en la defensa de los derechos humanos data de 1961– sobre la situación de los derechos humanos en el Perú entre los meses de diciembre de 2022 y febrero de 2023 en el marco del gobierno de la presidenta constitucional de la República, Dina Boluarte, en que se presentaron protestas en el país, principalmente en el sur, y de las que devino la lamentable muerte de más de 55 personas. Ha sido difundido bajo el título “Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso de la fuerza por las cuerpos de seguridad de Perú”” y habiendo seguido de cerca los que sobre nuestro país emitió en el pasado, fundamentalmente durante la cruenta época del terrorismo que quiso imponer la violencia como método de vida nacional, puedo afirmar que, leyéndolo, queda la evidencia del enorme sesgo que sigue mostrando esta ONG en detrimento del Estado peruano.

Una alta carga de imputación de violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de nuestro país es lo que se desprende a lo largo de Informe y esa inocultable y condenable redacción resulta irresponsable por su falta absoluta de objetividad y de equilibrio al enfatizar que hubo ejecuciones extrajudiciales con enorme racismo por parte de los autores materiales de los delitos imputados.

Las redacciones de los informes de Amnistía Internacional son archiconocidas y no deberíamos sorprendernos. Los derechos humanos vistos así en realidad resultan ser una completa pantomima por la manifiesta farsa con que han sido expuestos utilizando una técnica de redacción que para cualquier neófito sería de impacto cayendo rendido y convencido de una “veracidad” de hechos que no se condicen con la realidad. Por ejemplo, al referir el uso de la fuerza en forma desproporcionada para concluir que hubo ejecuciones extrajudiciales, no relieva en el esperado equilibrio, la naturaleza de la legítima defensa a que tiene lugar los agentes del Estado o ¿es que están pensando los redactores del informe que las armas hechizas o artesanales usadas contra los militares en actitud violenta por sus atacantes como ha confirmado el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no podrían acaban con la vida de los responsables del orden?. Hay una exacerbación y satanización manifiesta sobre el ejercicio coercitivo y coactivo por parte de los militares y los policías confundiendo a la opinión pública dado que son presentados como malos o abusivos todo el tiempo. Ese es el sesgo que no podemos dejar de denunciar. La vida humana se valora para todos y eso es precisamente lo que no se ve en el Informe dedicado a solamente ver ejecuciones extrajudiciales. Si acaso hay indicios de que las hubo creo firmemente que debe realizarse una investigación detenida, pero eso es muy distinto a sostener que dichas imputadas ejecuciones extrajudiciales terminaron siendo una práctica legitimada por el Estado responsabilizándolo absolutamente.

Con lo anterior, está la insistencia en el informe de que las muertes por ejecuciones extrajudiciales fueron la consecuencia de una actitud racista por una carga de estigmatización por el propio Estado. Esta es una argumentación recurrente en muchos otros informes de Amnistía Internacional para aligerar la forzada credibilidad de sus trabajos publicados. Los militares y policías que han sido imputados de racistas son miembros de las mismas comunidades donde se realizaron los actos objetos de acusaciones. ¿Cómo, entonces, podría sostenerse el racismo? Sostener racismo es muy rentable y vendible en los espacios en los que se mueve Amnistía Internacional, seamos claros. Nadie podría negar que en el Perú hay racismo y que no vamos a desligarnos de esta dramática realidad mientras no invirtamos en educación, pero deberían dejar de sostener este argumento que es muy sensible y de enorme impacto en el país, para justificar informes con el ánimo de desnaturalizar la realidad lo que sí es profundamente condenable.

Junto a lo que pasó realmente en el Perú el 7 de diciembre de 2022 que mereció el Informe, también sesgado, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que juega en pared con Amnistía Internacional, y todo el desorden panamericano provocado por los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y Colombia, Gustavo Petro, que han impactado severamente a la relación bilateral que cada país mantiene con el Perú, y por supuesto que a la Alianza del Pacífico, que integran además con Chile, la estrategia del Perú hacia la subregión, la región, el continente y el mundo, deberá ser fundamentalmente expositiva y no defensiva y eso sí, dado que se tratará de un marco internacional propio de nuestro frente externo, deberá ser liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como está establecido en la Constitución Política de 1993. En el Perú no hemos empoderado a las Fuerzas Armadas y eso está muy mal, y ahora parece que tampoco se hará con nuestra diplomacia, con nuestro Servicio Diplomático. Eso no lo podemos permitir y alzo mi voz como excanciller del Perú para llamar la atención por el Gobierno del Perú en la necesidad urgente del giro, es decir, cambiemos el enfoque de lo que buscamos fuera del país, de lo contrario, nuestra imagen como Estado –y ni hablar la del gobierno– seguirá afectada y muchísimo más en los otros frentes de nuestra vida internacional como es el caso del económico. La reputación de un Estado es fundamental para su vida internacional y la idea que se tiene de nuestro país es adversa a la realidad. Los Estados que no se preocupan por corregir esta falencia terminan convertidos en parias y eso sí sería muy grave para los intereses del Perú.

Miguel Ángel Rodríguez Mackay

Excanciller de la República. Profesor de Política Exterior en la Facultad de Derecho y Ciencia Política – Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos