Cecilia Bákula
El próximo proceso electoral se ve confuso
Se debe impedir la participación de quienes tienen acusación firme por delitos graves
No es un secreto que la nuestra es una democracia muy débil. Y que en este momento los poderes del Estado, enfrentados unos con otros, hacen gala de incapacidad, beligerancia, torpeza para asumir, cada uno, el rol que constitucionalmente les corresponde, haciendo muy crítica la pervivencia democrática.
Recientemente hemos visto cómo la presidenta actúa, muchas veces de manera errática y parece no haberse percatado de cómo ha de ser su conducta, día a día, hora tras horas, al haber aceptado y asumido libremente la conducción política del país. Cada vez nos sorprenden más actos de poca transparencia en el entorno de palacio de Gobierno; ya no se trata solo del caso de los Rolex, de su presunta ausencia, del inoportuno reclamo a Reniec sino, además, del llamado caso de “los waykis en la sombra”, a lo que agregamos una curiosa solicitud de autorización presentada al Congreso para viajar a la China, con la curiosa -por decirlo de alguna manera- justificación de propiciar la mayor venta de algunos insumos. Cabe señalar que esa solicitud no ha sido amparada por los ministros de las carteras que, supuestamente, deberían haberlo hecho.
Una vez más, la señora Boluarte no pesa la relación entre oportunidad, consecuencia y necesidad de sus acciones. Para aumentar el malestar en que vivimos, recientemente se produjo el cambio del ministro en el sector Interior, una cartera muy sensible cuando la inseguridad es un flagelo gravísimo para todos los ciudadanos y cuando el saliente ministro no completaba ni los 60 días en su cargo; todo ello nos habla de dificultades que deben ser resueltas, necesariamente resueltas.
Adicionalmente, se presentaron ante la Mesa Directiva del Congreso mociones de vacancia para la presidenta Boluarte; ello sorprende porque quienes sustentaron o elevaron esas solicitudes no se han dado cuenta que Boluarte es del equipo y plancha de Castillo y que no se trata de dejarla caer ahora, haciendo coro a los deseos de crisis de una pequeña pero activa mayoría, sino se trata de asumir la responsabilidad por el voto emitido y resistir, sostener y mantener a nuestra débil democracia, con la señora Boluarte al mando, porque esa fue, mal que bien, la voluntad expresada en las urnas. Quizá, quienes así han pensado y actuado, no solo abjuran y reniegan de su inicial decisión de apoyo a la plancha ganadora en el 2021, sino que cierran los ojos a la complicidad de hacernos creer que el actual gobierno es de derecha.
Lo cierto es que para las próximas elecciones generales, que deberán realizarse en el 2026, nos espera un panorama sombrío que pasa, inicialmente, porque la presidenta comprenda que es su responsabilidad coadyuvar al sostenimiento de nuestro sistema democrático es decir, actuar con responsabilidad infinita para no dar más motivos a la inquietud respecto a su habilidad y capacidad, pues no podemos asumir, como sociedad y como Nación que la vacancia es un juego o una solución a la que se recurre con tanta facilidad y no poca negligencia.
Al margen de ello, es indispensable tomar conciencia de que, a la fecha, son 28 partidos los que han logrado su inscripción y que hay no menos de 16 grupos políticos que pugnan o intentan estar habilitados para participar en la contienda electoral. Ello significa no solo la absurda dispersión del voto, el mesianismo desbocado de no pocos, la incoherencia de muchos y la gravísima incomprensión de la realidad nacional y de nuestra población electoral. Solo imaginarnos lo que será la cédula de votación, en la que habremos de marcar nuestra elección por una plancha presidencial y una elección para senadores y diputados, podemos comprender que la confusión va a ser absoluta, que el cómputo muy difícil y que si hubiera veedores y personeros de la mayoría de grupos participantes, el proceso podría ser, de antemano, caótico.
Si bien es cierto que se han dado algunas reformas a la ley electoral, es indispensable que a la brevedad, el Congreso modifique lo que se refiere a las alianzas electorales. Suena y es del todo perverso que la norma actual castigue a las alianzas cuando debería favorecerlas y premiarlas; a más alianzas, más posibilidad de unir criterios que muchas veces son iguales pero se expresan distinto y esas alianzas podrían darse tanto para la plancha presidencial como para la lista parlamentaria, indistintamente.
Resulta indispensable, del mismo modo, hacer transparente el aporte financiero de quienes desean hacerlo pues los candidatos, tendrían que poder recurrir al aporte de las empresas, haciéndolo de manera transparente y supervisada, sin tener que recurrir a acuerdos bajo la mesa, que se harán, sí o sí, y que resultarán a la larga perniciosos. No está mal que el sector empresarial exprese su preferencia hacia una candidatura que refleje la propuesta hacia una forma de economía y comercio y que se haga responsable de su decisión en el futuro.
Hay mucho pan por rebanar, incluyendo la propuesta de impedir la participación de quienes tienen acusación firme por delitos graves; este asunto y otros detalles de la ley electoral merecen atención inmediata para poder garantizar unos comicios generales adecuados, claro está, si es que todas las fuerzas políticas y los poderes del Estado asumen ahora y desde ahora la responsabilidad que les compete.
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