Boluarte esquiva su responsabilidad

Después de la primera vuelta electoral del 2021 –sabiendo que competiría con Keiko Fujimori– Perú Libre, el extremismo marxista y la progresía comenzaron a estructurar la victoria de Castillo, torciendo la voluntad popular y, a su vez, de antemano, afinando planes destinados a perennizar su mandato en ciernes. 

Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia del partido de Vladimir Cerrón era parte de ese cogollo. Su primera aparición pública a nivel nacional fue en el debate de Chota, Cajamarca. Su intervención sorprendió de sobremanera. Se jugaba su candidatura en cuerpo entero y, por ende, el proyecto político de Cerrón. Hoy llama la atención su intento de disculpar las acciones de su Gobierno frente al “vandalismo” desatado por sus otrora camaradas de ruta, después del fracasado golpe de Estado de Castillo. En recientes declaraciones a El Comercio, dijo que “no estaban preparados para una violencia de esta naturaleza”. Veamos.

En el ideario de Perú Libre –miembro del Foro de Sao Paulo– la patria socialista es el norte, el destino final. Boluarte ¿desconocía el camino que recorrería Castillo con el fin de perennizar su gobierno? El poder –para el castrismo, el maoísmo y todo el espectro extremista– deja rastros de sangre, manipula votos, ejerce presión, persigue, extorsiona, encarcela y asesina opositores, captura las instituciones nacionales, impone un solo relato. ¿Acaso Boluarte olvidó la ahora triste frase de Aníbal Torres “correrán ríos de sangre” si vacan a Castillo? En ¿Jaque mate, Perú? (El Montonero, 14 de abril del2021) adelantábamos lo que sucedería. No es necesario ser pitoniso para saber qué harán y hacia dónde van los comunistas.    

Estaba cantado. Castillo organizaba cuadros paramilitares disfrazados de ronderos para defender con uñas y dientes su Gobierno. Prefectos y gobernadores vinculados al Movadef fueron encargados de captar esa fuerza. Cocaleros, docentes del FenatepE (sindicato maoísta), separatistas, contrabandistas de oro y madera, mineros ilegales y otras criminalidades eran parte del esquema violentista. Insurrectos, llamados “vándalos” para mediatizar su actuar.  

No obstante, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le resta importancia a esas acciones: cinco aeropuertos atacados de manera sincronizada y más de cien comisarias asaltadas, algunas incendiadas. Asimismo, se desentiende del secuestro de la población (impedida de transitar libremente por los bloqueos de carreteras), el intento de destruir sistemas hídricos y energéticos; y peor aún, ignora el cuerpo calcinado del suboficial PN José Luis Sonco, una muestra del desprecio por la vida por parte de los manifestantes. De esta verdad no hay ni una línea en el informe hecho a la medida para disculpar y darle aliento al “vandalismo” insurreccional que anuncia nuevas “tomas de Lima”.  

La CIDH tuvo el cuajo de informar, ofendiendo a la verdad, que durante las protestas hubo “masacres” y “ejecuciones extrajudiciales” por parte de las fuerzas del orden. Entrometiéndose en la vida nacional hace impertinentes juicios de valor. Señala que por la minería surgen descontentos en la población. No dice que las demandas de los protestantes eran políticas: nueva constitución, restitución de Castillo y cierre del Congreso. 

La respuesta de Boluarte al dichoso informe esquiva sus responsabilidades. “No estábamos preparados y que, siendo jefa suprema de las FF.AA., no manejo comando”, dijo. Frente al peligro de nuevas asonadas violentas, estas vergonzosas cobardías niegan la responsabilidad suprema del Estado de defender la seguridad del país y de los pobladores por intermedio de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 

Que quede en claro que la justicia, y no otro, determinará si hubo excesos. Y que el informe de la CIDH, parcializado y perturbador, solo sirve para que puñados de extremistas continúen intentando imponerse por la fuerza, amenazando, secuestrando, extorsionando y asesinando de manera impune.