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Ministro no puede sustituir su liderazgo contra delincuencia.
El entusiasmo y la voluntad que viene mostrando el ministro del Interior, Daniel Urresti, en los primeros días de su gestión proyectan una sensación de cambio que contrastan con la abulia y falta de liderazgo de su antecesor Walter Albán. Todo indica que el nuevo ministro quiere hacer las cosas bien y que le sobran ganas de trabajar, pero, en un tema como el desborde social de la violencia y la criminalidad, las buenas intenciones no bastan,
También es saludable que el ministro ofrezca resultados cuantificables al finalizar el año, y que haya hecho una declaratoria de guerra formal a la delincuencia y a la corrupción policial - el principal aliado del hampa-, pero preocupa que su discurso transmita hasta ahora una visión policial de un problema tan complejo como es la creciente delincuencia organizada y la impunidad de que goza ésta por la ineficiencia del Estado.
Supongamos que el ministro Urresti logre poner orden en la policía, hacer que ésta funcione y cumpla con su deber de combatir la delincuencia, el tema no acaba allí. ¿Puede el titular del Interior garantizar que los delincuentes que capture la policía sean procesados con severidad por fiscales o jueces venales? Por supuesto que no.
Como tampoco puede garantizar que los delincuentes detenidos y condenados no sigan dirigiendo desde sus celdas, a través de teléfonos celulares o computadoras con Internet, a sus bandas de sicarios, secuestradores o asaltantes.
La lucha contra la delincuencia no requiere un liderazgo desde un ministerio, porque el problema ha rebasado al Estado, se ha convertido en un flagelo que cada día cobra la vida de ciudadanos y destruye y roba sus propiedades en todo el país, igual como antes sucedió con el terrorismo. Ante este escenario el país demanda un liderazgo nacional que solamente puede ser asumido por el Presidente de la República, quien debe convocar a un gran Pacto Nacional para enfrentar el tema a todas las fuerzas políticas y sociales (ver artículo Pacto Nacional para la seguridad ciudadana)
Uno de los pocos aciertos del presidente Ollanta Humala en el tema que nos ocupa fue instituir un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana presidido por él e integrado por el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación y los ministros involucrados en la problemática. Ya es hora de que ese organismo se ponga manos a la obra ejecutando las políticas que sean aprobadas en acuerdo con las demás fuerzas política, unidos todos contra la delincuencia.
El país demanda que sus autoridades cumplan su misión de brindarle seguridad. La atención a esta demanda es impostergable porque la magnitud del problema está dañando además el clima de inversión, que es vital para que el Perú pueda captar los capitales que necesita para salir de la pobreza y alcanzar el bienestar (ver artículo El enorme costo de la inseguridad).
En este contexto, la voluntad y la actitud proactiva que muestra del ministro Urresti será un aporte valioso, pero, necesitamos sobre todo que el jefe de Estado asuma el liderazgo en esta lucha, con el apoyo de todos los sectores políticos. De lo contrario, el titular del Interior enfrentará el mismo fracaso que sus antecesores. Como dice el viejo adagio: De buenas intenciones están empedrados los caminos del infierno.
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