Violencia de vanguardias comunistas causa muertes lamentables en Puno

Algunas decenas de activistas radicales se apostaron en las inmediaciones del aeropuerto Manco Inca de Juliaca –tal como sucedió en Ayacucho- y pretendieron asaltar y destruir las pistas de aterrizaje y el terminal aéreo. La Policía Nacional del Perú (PNP) –que hasta ese momento había sido atacada, hostigada y hasta algunos de sus efectivos habían sido heridos de gravedad (hubo incluso ataques a comisarías)– hizo el uso legítimo de la fuerza y se produjo la triste y lamentable muerte de 17 peruanos y cerca de 40 heridos. 

La muerte de cualquier peruano causa horror y debe convocar al rechazo generalizado. En ese sentido, el deber de cualquier peruano de buena voluntad es solidarizarse con el dolor de las familias y convocar al diálogo y a la paz. Sin embargo, los únicos responsables de las muertes de nuestros hermanos puneños son los dirigentes de los movimientos comunistas, los activistas del eje bolivariano y los seguidores de Evo Morales, quienes convocan a los militantes a desarrollar verdaderas acciones de guerra: el ataque y la destrucción de los aeropuertos.

Si los activistas radicales en Juliaca hubiesen logrado destruir el aeropuerto de Juliaca, incuestionablemente, en el acto, lo mismo habría sucedido en todos los aeropuertos del sur que fueron atacados luego del golpe fallido de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre de 2022. En ese sentido, el sistema republicano, la vigencia de la Constitución y la defensa del Estado de derecho demandan que, a través del estado de emergencia y de los estados de sitio, nuestras Fuerzas Armadas y la PNP ejerzan el legítimo y constitucional uso de la fuerza pública. ¿O acaso quienes pretenden negar el uso legítimo y constitucional de la fuerza apuestan por el triunfo de la insurrección contra el Estado de derecho?

Y es hora de precisar los conceptos: el ataque a los aeropuertos, el bloqueo de las vías nacionales para desabastecer a las ciudades, el ataque inclemente a las comisarías de la PNP y los atentados contra el sistema hídrico y energético del país no puede llamarse “protesta social” o “legítimo derecho constitucional a protestar”. De ninguna manera. Es una verdadera insurrección contra el sistema constitucional.

Por otro lado, no se puede defender la Constitución y el Estado de derecho si el Ministerio Público y el Poder Judicial no cumplen con sus responsabilidades frente al proceso insurreccional. Reclamamos la existencia de un Estado de derecho, precisamente, porque existen instituciones que se rigen por la Constitución y las leyes, de manera que cualquier persona que ataca aeropuertos, bloquea vías nacionales y ataca comisarías de la PNP, debería ser detenida y procesada por el sistema de justicia. Si las instituciones hubiesen desarrollado esta labor con intensidad desde la primera oleada insurreccional, luego del fallido golpe de Castillo, quizá hoy no estaríamos lamentando la muerte de más peruanos.

La defensa del Estado de derecho no solo debe estar en manos de los policías y soldados. Una situación de ese tipo es un verdadero oxímoron, porque un estado constitucional de derecho se defiende con sus instituciones y la ley, y las fuerzas del orden se encargan de mantener el orden que deviene del Estado de derecho. 

Hoy en el Perú solo nuestros soldados y policías están en la primera línea de la defensa del Estado de derecho, mientras que los civiles y las instituciones renuncian a ejercer sus responsabilidades.