Terminemos con las limitaciones al aporte privado a los partidos

El congresista Alejandro Muñante y el Grupo Parlamentario de Renovación Popular acaban de presentar un proyecto de ley que restablecería la posibilidad del financiamiento a los partidos políticos de las personas jurídicas con o sin fines de lucro (léase empresas). Como se sabe, durante el gobierno de Martín Vizcarra se implementaron reformas legales para restringir el aporte privado a los partidos políticos, sobre todo se prohibió que las empresas financiarán al sistema político.

El proyecto de ley presentado por el congresista Muñante plantea restablecer el sistema de financiamiento privado previo a las negativas reformas del progresismo y del gobierno de Vizcarra, y una nueva modalidad a través del Banco de la Nación para los sectores privados que prefieren mantener el anonimato. Los aportes a través de esta modalidad solo serán conocidos por la ONPE y el Banco de la Nación. Sin embargo, todas las formas de aporte serán declarados por las personas naturales y jurídicas y también serán fiscalizados por la autoridad tributaria.

Igualmente, el mencionado proyecto eleva el límite de donaciones a 200 unidades tributarias (UIT) por partido y hasta 500 UIT para el conjunto de los partidos políticos. Un gran avance.

¿Por qué es tan importante el proyecto del congresista Muñante? El avance de la minería ilegal que moviliza alrededor de US$ 5,000 millones anuales se desarrolla sobre el fracaso de la formalización minera. Sin embargo, ese mismo fracaso de la formalización le permite a los mineros ilegales desarrollar un discurso social sobre “la exclusión de los pequeños mineros por los grandes” y beneficiarse de las exoneraciones penales por la actividad ilícita que les otorga su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera del Minem. En ese camino han comenzado a financiar a diversos movimientos regionales, nacionales e, incluso, a parte de las bancadas legislativas. Todo indica que hacia las elecciones del 2026 la minería ilegal y las demás economías ilegales serán determinantes en las campañas de los partidos.

¿Por qué se presenta esta situación inexplicable? Porque el progresismo, en el afán de convertir al Estado en el gran redistribuidor de los recursos fiscales para los partidos con el objetivo de “igualar las ventajas de los partidos procapitalistas”, durante la administración Vizcarra promovió reformas legales que limitaron el aporte privado hacia los partidos. Se restringió el aporte de las personas jurídicas (léase empresas) y solo se permitió el aporte de las personas naturales (ciudadanos). En este contexto era evidente que el Estado se convertía en el gran redistribuidor de los recursos y las oenegés de izquierda se convertían en actores decisivos en los partidos a través de programas de formación y capacitación política.

El resultado: el actual sistema político, el actual sistema de representación en el Congreso, en donde las economías ilegales y la informalidad tienen una representación destacada. En las provincias y las regiones, igualmente, la parafernalia política de los movimientos antisistema con enormes locales, paneles y campañas, nos revela que el financiamiento ilegal se ha instalado en el sistema político.

En las democracias longevas como los Estados Unidos y el Reino Unido existe la más absoluta libertad del sector privado para financiar a los partidos políticos, siempre y cuando sean bancarizados y declarados ante la autoridad tributaria. En los países desarrollados existe el natural entendimiento que, sin capitalismo, sin mercado, sin empresas, es imposible que exista democracia y libertad. De allí el criterio de exigir únicamente la bancarización y la fiscalización de la autoridad tributaria de los aportes privados a los partidos.

El proyecto del congresista Muñante, entonces, avanza en ese sentido y nos aleja del desastre progresista que nos ha llevado a tener la actual representación política.