La censura del ministro de Energía y Minas, Rómu...
El Gabinete Otárola está atravesado por la incoherencia económica y, de una u otra manera, un sector de ministros cree que con los mercados y el sector privado es posible jugar a la política. Era el mismo criterio que se manejaba durante el gobierno de Pedro Castillo. Finalmente, los mercados se contrajeron y, de pronto, la ciudadanía percibió que todo se detenía porque ya no había nuevas inversiones. El desconcierto económico se combinó con la estrategia bolivariana de la constituyente, se produjo el golpe fallido de Castillo y el gobierno de Perú Libre se derrumbó.
El gobierno de Dina Boluarte ha dejado en claro su compromiso con la constitucionalidad y el Estado de derecho. Es más, la defensa que desarrolló frente a las olas insurreccionales, luego del golpe fallido de Castillo, que pretendían instalar una asamblea constituyente, los peruanos de buena voluntad siempre reconoceremos. Sin embargo, luego de un año de gestión, el Ejecutivo, el actual Gabinete, no son capaces de relanzar la economía y de enfrentar con eficiencia la actual ola criminal del país. Y semejante situación es extremadamente grave, una clara posibilidad de que se desate una crisis de gobernabilidad antes del 2026.
Una de las razones de esta crisis es la falta de coherencia económica. El Ejecutivo no puede destrabar la tercera etapa del proyecto Chavimochic para ganar 40 mil nuevas hectáreas al desierto, no puede sostener que relanzará las inversiones mineras bloqueadas por el radicalismo antiminero, mientras nacionaliza la política petrolera, convierte a Petroperú en una pequeña PDVSA venezolana y pone en peligro la estabilidad fiscal. Imposible. En los mercados, en el sector privado, no hay tanta ignorancia cómo creen los sectores de izquierda del Gabinete.
En este contexto, ¿quién se va a atrever a desarrollar una nueva inversión en el país? La recesión de la economía del año pasado fue causada por mano propia en el país, por la acumulación de despropósitos políticos desde la caída del gobierno de Castillo. La inversión privada se cayó por dos años consecutivos no obstante que ella representa el 80% del total de lo que se invierte en el país, aporta el 80% de los ingresos fiscales y provee más del 80% de los empleos del país. Si la inversión privada no se mueve, el Ejecutivo, el sistema republicano y los defensores del modelo avanzarán hacia unas elecciones del 2026 en las que la agenda principal se focalizará en “por qué el modelo tiende a aumentar la pobreza”. Ya sabemos que, en ese escenario, las fuerzas del antisistema buscarán cebarse ideológicamente arguyendo que el aumento de pobreza es parte de la naturaleza de la economía de mercado.
Por todas estas consideraciones el Ejecutivo debe recuperar la coherencia económica para relanzar el crecimiento y la reducción de la pobreza. En un escenario con aumento de pobreza los primeros en pasar por la guillotina colectivista serán los integrantes de la administración Boluarte. Es hora, pues, de entender la enorme importancia de la inversión privada en el futuro inmediato del país.
Avanzar hacia esos objetivos significa producir un cambio total de Gabinete o relevar a los ministros enganchados con el programa económico de Perú Libre. Por ejemplo, el sector de ministros que propone rescates financieros de Petroperú al infinito poniendo en peligro los logros fiscales del país deben irse en lo inmediato. Allí se requiere una señal clara de la jefe de Estado. Si se quiere seguir nadando entre el agua y el aceite el resultado será el mismo que el actual.
Sobre la base de los cambios ministeriales, el Estado debe enfrentar y contener la ola criminal convirtiendo a la policía nacional del Perú en la más profesional y la mejor equipada del continente. Y, sobre esa base, el Gobierno debe proponer derogar todos los decretos laborales promulgados por Castillo con objeto de desarrollar el enfrentamiento de clases, debe plantear restablecer la vigencia de la ley de Promoción Agraria y convertirla en base de una reforma tributaria y una laboral a nivel nacional. Y, asimismo, de comenzar a plantear una segunda ola de reformas (desregulación, tributaria, laboral, educación, salud, infraestructuras). No hay tiempo que perder.
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