Responsabilidades en el fracaso del Estado en las últimas tres décadas

Durante las últimas tres décadas el modelo económico peruano, de una u otra manera, no logró avanzar lo suficiente por la falta de un Estado que acompañara los avances y éxitos vertiginosos de los mercados y el sector privado en multiplicar el PBI y reducir la pobreza. Para resumir en una instantánea del proceso se podría señalar que el mercado cuadriplicó el PBI y redujo pobreza del 60% de la población a solo 20% antes de la pandemia (luego de Castillo está en 27.5%), mientras el Estado fracasó casi en todas las áreas en tanto aumentaba en presupuesto en relación con el PBI.

También se podría sostener que, en las últimas tres décadas, el mercado aprobó todos los exámenes y el Estado fue desaprobado en todas las materias, excepto en la consolidación y continuidad del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Banca y Seguros, entre otras entidades. Más allá de esas islas de eficiencia, todo lo demás en el Estado fue sinónimo de fracaso y dispendio de los recursos estatales.

La mayor expresión del fracaso del Estado se grafica en su incapacidad de distribuir la riqueza que produce el sector privado y que se expresa en falta de carreteras, escuelas, postas médicas y agua potable y alcantarillado para enormes sectores del país, sobre todo en la sierra sur del Perú. Este fracaso es monumental si consideramos que el Estado consume cerca del 25% del PBI nacional –gobiernos central, regionales, locales y empresas estatales– que suma alrededor de US$ 220,000 millones. El Estado nunca manejó tantos recursos y fracasó tanto.

Ahora bien, ¿por qué solo hubo unas pocas islas de eficiencia estatal y todo lo demás fue fracaso? Si el BCR, el MEF y la Superintendencia de Banca, se convirtieron en símbolos de un nuevo Estado es sencillamente porque las tecnocracias de estas entidades se alejaron de los criterios ideológicos y optaron por ser tecnócratas de verdad. De allí, por ejemplo, que el BCR sea una entidad que sirve de ejemplo para reformas institucionales en otros países.

Sectores como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio del Interior, de una u otra manera, fueron controlados por las corrientes progresistas y por las tendencias comunistas durante el Gobierno de Castillo. ¿Cuál fue el resultado más evidente? Estas corrientes suelen priorizar la ideología y subordinar los criterios tecnocráticos. En el Ministerio del Ambiente se crearon decenas de regulaciones y procedimientos ambientales para retrasar las inversiones mineras y en recursos naturales; en el sector Educación, se retrasó la reforma meritocrática de la educación para priorizar la agenda ideológica de género; el sector Interior se consideró un espacio de control político y, en un acto de audacia sin antecedentes, el progresismo cesó –en contra de la Constitución y la ley– a 18 oficiales generales de la PNP creando un gran vacío institucional que, en gran parte, explica la crisis actual de seguridad ciudadana. 

La lista de despropósitos de estas corrientes, extremadamente ideologizadas en el manejo del Estado peruano, es enorme. Por ejemplo, en el sector Trabajo las corrientes comunistas aprobaron decretos laborales que fomentan la sindicalización artificial y la guerra de clases con el objeto de cambiar las bases del modelo económico. Igualmente, el progresismo se atrevió a derogar la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), una de las mejores leyes económicas de nuestra historia republicana y que explica el milagro agroexportador del país. Y, como para recordarnos que todo puede empeorar, vale mencionar “la reforma política” que impulsó el progresismo –sobre todo con el referendo de Vizcarra– y que destruyó el sistema político y explica la mediocridad del Congreso actual.

Avanzar en la reforma del Estado entonces obliga a desarrollar un diagnóstico correcto y a señalar las causas de que el Estado peruano se haya convertido en uno de los más burocráticos de la región y enemigo de la inversión privada y las iniciativas de la sociedad. Finalmente, hoy el Estado es la principal fuente de informalidad y pobreza.