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El martes pasado hubo una reunión del Consejo de Estado en el que participaron la presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor General de la República, El Defensor del Pueblo, los tres comandantes de las fuerzas armadas, el comandante general de la policía nacional del Perú (PNP) y los representantes de los gobiernos subnacionales. En la reunión se acordó establecer un nuevo marco legal para procesar a los soldados de las fuerzas armadas y los miembros de la PNP que hacen uso de la fuerza de acuerdo a los preceptos constitucionales.
Luego del cónclave, la presidente Boluarte informó que se acordó proponer que los soldados y policías que, de acuerdo a los mandatos constitucionales, utilicen sus armas de fuego reglamentarias, serán procesados en el fuero militar previo informe de inspectoría de las respectivas instituciones. Horas después, en el Congreso de la República por 94 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones se sancionó una ley que prohíbe a los fiscales solicitar detención preventiva en contra de los efectivos que, utilizando su arma de fuego reglamentaria, enfrenten a los delincuentes causando lesiones o muertes. El objetivo de la norma evidentemente es preservar la presunción de inocencia de los miembros de las fuerzas de seguridad que, muchas veces, es ignorado por magistrados ideologizados.
En el acto, todas las corrientes progresistas vinculadas a las oenegés que, en las últimas tres décadas, han desarrollado una feroz judicialización y persecución de los miembros de las fuerzas de seguridad cuando estas ejercen el uso legítimo de la violencia constitucional en defensa del Estado de derecho, salieron a cuestionar la decisión del Congreso arguyendo que se trataba de una norma a favor de la impunidad.
En cualquier caso, desde este portal sostenemos que la decisión del llamado Consejo de Estado y la nueva ley del Congreso representan las primeras decisiones que se asumen para formular una nueva política de Estado para enfrentar el desborde criminal que afecta a todos los sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque las dos grandes explicaciones de la ola criminal que amenaza al propio Estado de derecho y a la sociedad están en la situación y la moral de las fuerzas de seguridad y el papel de fiscales y jueces en la celeridad y eficacia para procesar a las bandas criminales.
¿Por qué tiene tanta trascendencia estas decisiones? Luego del golpe fallido de Pedro Castillo y las olas de violencia insurreccional, más de 300 policías y militares están procesados –algunos de ellos detenidos– por haber defendido el Estado de derecho y haber evitado la instalación de una asamblea constituyente, objetivo central de las milicias que pretendieron quemar aeropuertos en las provincias del sur. ¿Cómo así las fuerzas armadas van a participar realmente en una política de Estado en contra de la criminalidad? Asimismo, decenas de policías están procesados o encarcelados por magistrados ideologizados por haber utilizado sus armas reglamentarias para enfrentar a delincuentes. ¿Cómo así la PNP va a mantener la moral para seguir con las redadas y allanamientos de las guaridas del crimen organizado? Imposible.
La propuesta del Consejo de Estado y la nueva ley del Congreso, pues, se proponen recuperar la moral y el respaldo institucional para nuestras fuerzas de seguridad con el objeto de enfrentar el desborde de la ola criminal. Y en ese camino, también se propone acercar la colaboración y convergencia entre policías, fiscales y jueces, porque establece que no hay espacios para la ideologización en contra de nuestros soldados y policías.
Sin embargo, sorprende la ligereza y el sentido antinacional del progresismo que –no obstante alentar marchas y movilizaciones para detener la ola criminal– se opone al respaldo legal e institucional para las fuerzas de seguridad que ponen en el pecho frente al crimen organizado y las economías ilegales cuando, generalmente, se produce un estrepitoso fracaso de los civiles.
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