Reducir el enorme Estado burocrático y anticapitalista

En la entrevista que sostiene Carlos Adrianzén, Decano de la Facultad de Economía de la UPC, con el portal El Montonero señala que el gasto del Estado representa el 30% del PBI nacional; es decir, alrededor de US$ 77,000 millones. La gigantesca cifra, en el acto, nos recuerda que alrededor del 11% de los peruanos carece de agua potable, más de un millón de peruanos no tiene electricidad y ni qué decir de la falta de escuelas, postas médicas, carreteras e infraestructuras para conectar a los peruanos entre sí y con el mundo. ¿Adónde se van tantos recursos extraídos a la sociedad, a los ciudadanos y al sector privado?

El enorme gasto estatal –sobre todo en gasto corriente– en los ministerios, en los gobiernos regionales, en los municipios y las empresas públicas es la otra cara de la sobrerregulación de los procedimientos y la creación de unos de los estados más burocráticos de América Latina. No hay sector que haya escapado a la burocratización del Estado: desde las sobrerregulaciones para exploraciones y explotaciones mineras hasta las regulaciones que soportan las micro y pequeñas empresas ante los municipios; desde el incremento de los costos laborales en el trabajo y el sector agrario hasta prohibiciones absurdas para la industria pesquera (pesca desde las 5 millas) por las narrativas y leyendas de un ecologismo radical anticapitalista.

El enorme gasto estatal y el gigantesco Estado burocrático, para una sociedad de ingreso medio como la nuestra, de otro lado, no solo bloquea y aleja a la inversión privada en minería, agricultura, construcción e industria, sino que también es la causa principal de informalidad: quienes no pueden pagar los costos de la formalidad ni sortear las sobrerregulaciones asfixiantes se alejan de la legalidad y participan de alguna forma de informalidad.

Algo más. La informalidad que es causada por el Estado burocrático es una de las expresiones de la pobreza en las regiones. Puno, Cajamarca, Huánuco y Ayacucho, por ejemplo, regiones con más del 40% de la población debajo de la línea de la pobreza, son sociedades con más del 80% de la economía en informalidad. El Estado burocrático, pues, es una de las mayores lacras de las últimas décadas al lado de la hiperinflación y el terrorismo de los años ochenta.

Ahora bien, ¿por qué la burocratización se ha convertido en uno de los grandes males nacionales? Luego de las reformas económicas de los noventa, que cancelaron el Estado empresario y el sistema de control de precios y mercados en la economía, la cultura política que emergió no fue una que defendiera la economía libre, la inversión privada y la reducción de pobreza. Muy por el contrario, las narrativas progresistas demonizaron a los empresarios como el origen de los males del país. Y de pronto, comenzaron a aparecer todo tipo de sobrerregulaciones para “ proteger a la sociedad de los empresarios chupasangres y explotadores”. Todo se comenzó a sobrerregular, desde la minería hasta los simples trámites de los ciudadanos, mientras surgía el burócrata empoderado, convertido en semidiós. Era evidente que, como parte de este fenómeno, la corrupción se iba desatar sin control, tal como efectivamente sucedió.

El Perú no tiene salida ni democrática ni económica si no enfrenta frontalmente al monstruo burocrático que ha emergido cabalgando sobre las narrativas progresistas y colectivistas. En ese sentido, se necesita invertir el orden de las cosas: se requiere empoderar a la sociedad, al ciudadano y la empresa privada que aporta el 80% de los ingresos fiscales y reducir al máximo el tamaño del Estado y la discrecionalidad del burócrata.

Paradójicamente, una sociedad formalizada exige menos procedimientos y regulaciones y obliga a reducir dramáticamente el gasto estatal en dependencias y trámites innecesarios. Y una de las condiciones impostergables para seguir creciendo y seguir reduciendo pobreza es la demolición del Estado burocrático, enemigo de la sociedad y la inversión privada.