Preservar instituciones en medio de desinstitucionalización

En este portal hemos desarrollado un criterio absolutamente opuesto al de los medios tradicionales con respecto a la valoración de las reformas constitucionales y legales que se impulsan desde el pasado referéndum. Nuestro punto de vista señala que el Perú ha ingresado a un peligroso proceso de desinstitucionalización y de zurcidos constitucionales que puede terminar cancelando todos los logros económicos, sociales, políticos e institucionales que la República ha logrado en las últimas dos décadas.

A nuestro entender, la reforma constitucional que establece la no reelección de congresistas sin bicameralidad es el peor atentado que se pudo hacer contra el sistema político, porque destruye la posibilidad de crear una clase política estable. La señalada reforma solo se basó en el objetivo del presidente Vizcarra de sancionar los errores acumulados del Congreso y en las encuestas que Ipsos solía registrar en contra de determinadas instituciones. 

Si las repúblicas del planeta desarrollaran reformas constitucionales en base a criterios de coyuntura, muchas de ellas se habrían convertido en democracias plebiscitarias, a semejanza de Venezuela. Igualmente, la reforma constitucional que prohíbe la publicidad privada en radio y televisión a los partidos políticos empodera peligrosamente al Gobierno de turno que convoca a elecciones —solo se permite publicidad estatal— y a una oligarquía de medios tradicionales en el control de las campañas electorales. 

A nuestro entender, pues, la posibilidad de organizar un sistema político moderno ha sido dinamitada por el pasado referendo, no obstante que ahora el Ejecutivo presiona inconstitucionalmente al Legislativo para aprobar las propuestas de la llamada Comisión de Notables que designó el jefe de Estado. En el caso de la llamada “reforma política”, las propuestas son igualmente ligeras y coyunturales. Se empodera constitucionalmente al Ejecutivo y se altera el equilibrio de poderes: se propone elegir el Congreso en segunda vuelta, se exige dos tercios de los votos en el Legislativo para insistir en una ley, se prohíbe la censura individual de ministros y se relativiza la inmunidad parlamentaria. El coyunturalismo de la propuesta salta al primer golpe de vista. 

De otro lado, en cuanto a la reforma de los partidos políticos se insiste en la sobrerregulación que caracteriza a las propuestas de la izquierda en la región. No solo se contraviene el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, prohibiendo que los sentenciados en primera instancia postulen a cargos de elección, sino que se propone las elecciones primarias universales y obligatorias que aplicó el kirchnerismo en Argentina.

Casi con un calco y copia de la experiencia argentina, se pretende señalar que las primarias abiertas y obligatorias, forman parte de las grandes tradiciones de las primarias de los partidos Demócrata y Republicano en Estados Unidos. Las primarias en la gran nación del norte son libres, sin regulaciones. Hay caucus que se desarrollan con votación a mano alzada, hay otros eventos en que se ejerce sufragio secreto, pero todas estas movilizaciones ciudadanas libres terminan en las convenciones demócrata y republicana, donde miles de delegados eligen a la fórmula presidencial. Una inteligente combinación de democracias directa y representativa que fortalece a los partidos, y no corrientes circunstanciales.

 ¿De dónde, pues, viene la propuesta de las primarias abiertas y la obligatoriedad? Si vemos que Evo Morales avanza hacia su cuarta reelección con primarias abiertas o que el kirchnerismo pretendió permanecer en el poder con estas fórmulas quizá encontremos respuestas a esta tendencia plebiscitaria. Las abiertas obligatorias, entonces, solo aumentan la discrecionalidad del Estado y los organismos electorales sobre los partidos. 

Por todas estas consideraciones, el Legislativo tiene la obligación de evitar los errores cometidos en el pasado referéndum, cuando aceptó las “esencias” de los proyectos del Ejecutivo. El fracaso en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia solo encuentra explicación en el devastador reglamentarismo con que se aprobó la llamada “reforma judicial”. 

En otras palabras, el Congreso está en la obligación de preservar las instituciones y los procedimientos políticos existentes que, más allá de los problemas y las disfuncionalidades, han posibilitado cuatro elecciones sucesivas y sin interrupciones en las últimas dos décadas. Los congresistas deben dejar de consumir un poco de medios tradicionales, dejar de leer las encuestas y obedecer a sus conciencias y comparar doctrinas y teorías constitucionales a la hora de sancionar la llamada “reforma política”.