¡La resistencia en defensa de la libertad y la propiedad!

Al margen de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la proclamación del próximo jefe de Estado alimentará la actual polarización política y social que atraviesa el país. Ante cualquier eventualidad, por la manera cómo ha actuado el JNE, el país terminará quebrado y enfrentado en dos mitades, y la legitimidad del próximo jefe de Estado estará en entredicho. 

Semejantes criterios no tienen nada que ver con nuestros puntos de vista editoriales ni con nuestros deseos. Se trata de una disección, de una descripción, de la realidad política tal como se presenta. ¿Cuál es el motivo o la razón de que en pleno Bicentenario el Perú experimente una de las elecciones más polarizadas de la historia republicana?

La respuesta es una sola: la propuesta de la asamblea constituyente que buscará cambiar el régimen económico, colectivizar la economía y centralizar el poder. Si bien el economista Pedro Francke se ha esforzado en enviar señales garantizando que no existirán estatizaciones ni expropiaciones, que se respetarán los ahorros y la propiedad; si bien, igualmente, Pedro Castillo ha planteado la permanencia de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva (BCR), es evidente que ambos personajes no pueden renunciar a la convocatoria de una asamblea constituyente. Ni Castillo ni Francke han descartado este camino, y entonces todos los ofrecimientos en defensa del respeto a la propiedad y la libertad deben considerarse relativos.

Una asamblea constituyente es el momento en que todos los contrapesos, fiscalizaciones, instituciones y libertades se disuelven y pasan a formar parte de las deliberaciones de los constituyentes. Una constituyente es el mayor momento de centralización de poder en una asamblea en la que los contrapesos del Congreso, del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva y otras entidades, simplemente, se vuelven líquidos. Y ese poder es el que reclaman Castillo y Francke, no obstante que el Perú se ha dividido en dos mitades y un sector cuestiona abiertamente la conducta de las autoridades electorales y el JNE.

De otro lado, la convocatoria a una constituyente en el periodo político del 2021 al 2026 solo puede materializarse a través de los golpes de masas que tanto le gustan a la administración Sagasti. ¿Por qué? La Constitución actual establece que la reforma parcial o total de la Carta Política –a través de todos los mecanismos– necesariamente debe pasar por el Congreso. Y es evidente para todos que Perú Libre y una eventual administración Castillo no tendrían mayoría en el Legislativo. Las posibles amenazas a la libertad, entonces, están más que claras.

Por todas estas consideraciones, la centro derecha en el Perú debe pasar de los soberbios mítines que, cada sábado congregan a más de medio millón de personas, a organizar un gran frente que se proponga defender la libertad, la propiedad y el sistema republicano. Y debe lanzar una organización como nunca antes haya existido: desde los distritos, provincias, departamentos y regiones. 

¿Qué podría significar una decisión política de este calibre? Que de pronto en la centro derecha se ha comenzado a entender que la política no solo puede reducirse al candidato que se presenta en los cronogramas electorales y los comandos de campaña improvisados que surgen para los comicios. De ninguna manera.

Si la izquierda, en sus versiones ideológicas más ortodoxas, hoy se acerca al poder también es porque en la centro derecha se concibió que la política solo era una campaña electoral y el entorno que se formaba alrededor del candidato. Por esas razones Perú Libre y la izquierda lograron manipular mesas y actas que podrían determinar el resultado electoral.

Si la política no solo es campaña electoral, entonces para organizar a los defensores de la libertad, la propiedad y el sistema republicano se requerirán los elementos clásicos de la política: ideología, programa y guerra cultural. Es decir, hay que renovar la política, pero aprendiendo de las grandes tradiciones.